El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, prepara un nuevo decreto que podría cambiar por completo el panorama de los pagos digitales en Colombia. La propuesta busca imponer una retención en la fuente del 1,5 % sobre todas las transacciones electrónicas realizadas en comercios del país, incluyendo aquellas hechas a través del sistema de pagos inmediatos Bre-B y de plataformas como Nequi, Daviplata, dale! y Powwi.

La medida llega apenas dos semanas después de la entrada en funcionamiento de Bre-B, el sistema del Banco de la República que prometía revolucionar las finanzas digitales al permitir transferencias instantáneas y sin costo. Sin embargo, de aprobarse el nuevo impuesto, cada pago electrónico hecho en tiendas o establecimientos comerciales tendría un descuento del 1,5 % sobre el valor total, lo que equivale a un gravamen del 15 por mil.

El Ministerio de Hacienda argumenta que la iniciativa no busca recaudar más, sino “nivelar la cancha” entre los diferentes medios de pago. Actualmente, las transacciones con tarjetas de crédito o débito ya están sujetas a esa retención, mientras que las realizadas con billeteras digitales o transferencias electrónicas no lo estaban. Con el cambio, todos los mecanismos quedarían bajo la misma tarifa.

Según el proyecto, los agentes encargados de practicar la retención serán los bancos, fintech, pasarelas de pago y agregadores —es decir, las plataformas que procesan los pagos electrónicos—, que deberán descontar automáticamente el 1,5 % antes de abonar el dinero a los comercios. En teoría, las personas naturales no responsables de IVA estarán exentas; sin embargo, en la práctica, muchos pequeños negocios podrían verse afectados por la dificultad de acreditar esa condición ante las plataformas.

La medida encendió las alarmas entre los gremios de pequeños comerciantes y expertos en tecnología financiera, quienes advierten que el impuesto podría desincentivar el uso de medios digitales y provocar un retroceso hacia el uso del efectivo, justo cuando el país comenzaba a avanzar hacia la inclusión financiera. “Una tienda o peluquería con márgenes reducidos no puede asumir una retención adicional del 1,5 %. Esto se convierte en un golpe directo a los ingresos diarios”, señaló un consultor del sector fintech.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Hacienda insiste en que la reforma busca armonizar las normas tributarias con la realidad tecnológica actual, ya que los instrumentos digitales —incluidas las tarjetas virtuales, los códigos QR y las billeteras móviles— ofrecen la misma seguridad y trazabilidad que los medios tradicionales.

Si el decreto se aprueba, entraría en vigencia a partir del primer día del segundo mes después de su publicación en el Diario Oficial. Durante ese tiempo, las entidades financieras y las plataformas digitales deberán adaptar sus sistemas para aplicar la retención.

Pese a los argumentos oficiales, el anuncio genera inquietud en un momento en que el Banco de la República intenta consolidar Bre-B como una herramienta clave para la modernización del sistema financiero colombiano. Analistas advierten que, lejos de incentivar la formalización, el nuevo impuesto podría frenar la digitalización de la economía y golpear especialmente a los pequeños comerciantes que han encontrado en los pagos electrónicos una alternativa rápida y sin costos adicionales.