La Procuraduría impuso este jueves una multa de 600 millones de pesos (unos 136.000 dólares) a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la compañía Triple A, encargada de los servicios públicos de la ciudad colombiana de Barranquilla y vinculada con Inassa, filial de la empresa pública española Canal de Isabel II.
El Ministerio Público detalló en un comunicado que la decisión contra Navarro fue tomada «por aprobar, certificar como recibidas y disponer el pago de órdenes de servicios que no fueron prestados».
Agregó que «al resolver el recurso de apelación, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento confirmó parcialmente la decisión de primera instancia e inhabilitó por 15 años al exdirectivo para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este».
MALA GESTION EMPRESARIAL
La Triple A es una entidad de propiedad de Inassa, filial latinoamericana del Canal de Isabel II que también resultó vinculada a la investigación de las autoridades españolas denominada «Operación Lezo».
Navarro salió de Triple A en 2016, meses después de que Edmundo Rodríguez Sobrino fuera destituido de la presidencia ejecutiva de Inassa, tras conocerse que era propietario de tres empresas extraterritoriales abiertas en Hong Kong.
El empresario fue detenido en marzo de 2018 en Barranquilla junto con los entonces representantes de Inassa y de la firma local Recaudos y Tributos como parte de un proceso por apropiación de 27.879 millones de pesos (unos 6,3 millones de dólares de hoy).
La investigación de la Fiscalía señala que Navarro y los otros vinculados se apropiaron de los recursos mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que nunca se hicieron, así como cuatro contratos de consultoría con los que buscaban «justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado».
Por eso, el empresario fue condenado a 15 años de prisión.
INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA
Según la Procuraduría, Navarro permitió además que la empresa IARCO Ltda se apropiara de 1.350 millones de pesos (unos 307.000 dólares) de Triple A.
Eso se hizo mediante «pagos por servicios no prestados de recolección de residuos sólidos para el año 2016, que también motivaron su condena penal por los delitos de ‘enriquecimiento ilícito de particulares en concurso con administración desleal y falsedad en documento privado, por las nueve facturas pagadas'».
La Procuraduría agregó que un dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) indicó que Barranquilla dejó de percibir recursos por concepto de utilidades por 376 millones de pesos (unos 85.000 dólares), como accionista minoritario con una participación del 14,5 % en dicha empresa.
En consecuencia, el Ministerio Público calificó esa falta como «gravísima a título de dolo y con perjuicio al patrimonio público», ante lo cual no procede recurso alguno.
En otro proceso, la Procuraduría formuló cargos contra Navarro porque incurrió «en falta disciplinaria por, al parecer, entre septiembre de 2013 y agosto de 2015 aprobar, celebrar y pagar contratos ficticios» con Inassa y Recaudos y Tributos.
EFE
