La investigación que se estaba llevando en curso desde enero de 2018, por la fiscalía de parís, contaba con más de 15.000 testimonios de usuarios, demandando a la compañía por restringir funciones a sus iPhones antiguos. Apple se pronunció con respecto a las denuncias y declaró que esto lo hace con el fin de prolongar la vida útil del equipo y no de obligar a los usuarios a comprar uno nuevo.

No obstante, la investigación revela que muchos de los usuarios desconocen que al actualizar el sistema operativo iOS, el equipo comenzaba a trabajar más lentamente. Lo que los obligaba a cambiar la batería o comprar un nuevo teléfono.

Según la Dirección general de la competencia, consumo y represión del fraude francesa, la DGCCRF. Apple aceptó la multa y pagará los 25 millones de euros que le fueron impuestos.