Un grupo de 43 colombianos fue repatriado este lunes desde Panamá en un vuelo coordinado por Migración Colombia. De estos ciudadanos, 36 fueron deportados y 7 expulsados del país centroamericano por diferentes infracciones, incluyendo delitos como trata de personas, agresión sexual, narcotráfico y eludir controles fronterizos.
El vuelo llegó a territorio colombiano en el marco del acuerdo bilateral entre ambos países, con apoyo de Estados Unidos, que financia este tipo de repatriaciones. Desde el inicio de este convenio, el 20 de agosto de 2024, Panamá ha efectuado 42 vuelos para la devolución de migrantes a sus respectivos países de origen, incluyendo Colombia, Ecuador, India y Vietnam, así como deportaciones comerciales hacia Rusia, Pakistán y Turquía.
En paralelo a estas acciones, el pasado 26 de enero, agentes de Migración Panamá impidieron el ingreso de un colombiano proveniente de Santa Marta con destino final en París, debido a antecedentes por tráfico de drogas. El ciudadano fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y posteriormente devuelto a Colombia.
Las cifras oficiales de las autoridades panameñas señalan que hasta el 31 de enero de 2025 han ingresado 2.158 migrantes irregulares a su territorio, representando una reducción del 94% en comparación con el mismo periodo del año anterior, un descenso histórico bajo la administración del presidente José Raúl Mulino.
El “Plan Firmeza”, implementado por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, ha fortalecido el control migratorio y la vigilancia de ciudadanos extranjeros en situación irregular. En este contexto, el presidente Mulino y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, sostuvieron una reunión el pasado 2 de febrero para evaluar los avances en esta política.
El flujo migratorio por la región del Darién continúa representando un desafío para las autoridades, con un gran número de migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Ecuador, Chile y Brasil, así como de naciones más distantes como China, India, Afganistán, Camerún, Somalia y Bangladesh. La cooperación entre los gobiernos de la región sigue siendo clave para gestionar esta situación de manera eficaz.
