En una revelación que ha generado conmoción a nivel nacional, el presidente Gustavo Petro denunció la desaparición de 62.664 armas de fuego en Colombia y el funcionamiento irregular de 197 empresas de seguridad privada que operan con licencias vigentes, pero fuera del control estatal. El pronunciamiento se dio durante un Consejo de Ministros televisado desde la Casa de Nariño, en el cual se advirtió sobre las graves falencias del sistema de supervisión a estas entidades.

La denuncia surge tras una exhaustiva investigación liderada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dirigida por Yenniffer Parra, que evidenció cómo el Estado ha perdido el rastro de miles de armas —algunas con licencia oficial— que hoy podrían estar al servicio de organizaciones criminales como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.

“Estamos hablando de armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están ni a quién sirven. Es una situación alarmante”, expresó el mandatario al hacer públicas las cifras.

Armas oficiales, control perdido

De acuerdo con la investigación, desde 1993 hasta hoy, 40.692 armas están registradas en empresas aparentemente inactivas, mientras que otras 20.000 armas habrían sido entregadas a grupos paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe en Antioquia, sin que exista hoy un control real sobre su paradero.

Además, Petro cuestionó con firmeza el sistema de información de la Superintendencia, calificándolo de “disperso, vulnerable y chimbo”, lo cual habría facilitado que durante tres décadas no existiera un control efectivo sobre el sector de la vigilancia privada.

Empresas fachada y corrupción interna

La investigación también reveló que varias de estas empresas servían como fachadas para el lavado de activos, alquiler irregular de armas y contratación de personal con antecedentes judiciales. Como parte de las acciones del Gobierno, fueron capturados tres representantes legales de estas empresas, incluido un coronel y un capitán en retiro de la Policía Nacional. Además, se incautaron más de 100 armas de fuego, munición de alto calibre y dispositivos tecnológicos usados para encubrir la actividad ilegal.

Los capturados fueron identificados como:

• Pedro Alexander Ruiz Pulido, coronel en retiro,

• José Omar Urrego Chitiva, capitán en retiro,

• Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de seguridad Sara LTDA.

Fueron judicializados por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En los operativos también se hallaron vínculos con criminales como alias ‘El Caballista’, ‘Matamba’, ‘Pájaro’ y ‘Terror’, este último neutralizado en días recientes por la Policía en Antioquia.

Hacia un nuevo modelo de control

Esta situación se da en un contexto en el que el Gobierno Nacional busca reformar el sistema de control y vigilancia sobre la seguridad privada, un sector que ha crecido sin regulación efectiva. Según cifras oficiales, en Colombia operan actualmente:

• 1.351 empresas del sector,

• 810 empresas de vigilancia,

• 435 departamentos de seguridad,

• 94 escuelas de formación,

• 12 transportadoras de valores.

En 2024, gracias a esta nueva vigilancia estatal, se cancelaron 16 licencias por tramitación irregular, incluso con la participación de funcionarios públicos que ya fueron separados de sus cargos y denunciados ante la Fiscalía.

“El control ahora sí se está haciendo, pero estamos destapando una olla de más de 30 años de permisividad institucional”, advirtió el presidente Petro.

Contexto nacional: necesidad urgente de regulación

El informe revive el debate sobre la desmilitarización privada, los controles de armas y la falta de fiscalización sobre entidades que operan con poder coercitivo en nombre del sector privado. Voces expertas han llamado al Congreso y al Gobierno a fortalecer la regulación y realizar una depuración inmediata del registro nacional de empresas de seguridad, así como a implementar sistemas tecnológicos que impidan la manipulación de información.

Colombia se enfrenta así a una coyuntura crítica de seguridad interna, donde el control de las armas —en manos de privados y sin supervisión— pone en jaque la autoridad estatal y revela una deuda histórica en materia de vigilancia y transparencia.