La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, anunció que presentará una demanda ante la Corte Constitucional contra el decreto 0799 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, el cual transfiere a jueces ordinarios la competencia para revisar tutelas en contra del presidente de la República. Hasta la fecha, esta función había estado en manos del Consejo de Estado.

Cabal calificó la medida como “una amenaza directa al Estado de derecho” y denunció que el Ejecutivo estaría extralimitando sus funciones al modificar la estructura del sistema judicial por medio de un decreto, sin pasar por el Congreso ni someterse a revisión constitucional previa.

“El artículo 152 de la Constitución es claro: cualquier cambio en la administración de justicia debe tramitarse como ley estatutaria, con debate parlamentario y control automático por parte de la Corte Constitucional. Este decreto evade esos controles y abre la puerta a la arbitrariedad”, afirmó la senadora.

La congresista advirtió que esta modificación podría poner en manos de jueces sin experiencia o formación especializada casos que involucren seguridad nacional, derechos fundamentales o decisiones presidenciales complejas. “Es un golpe silencioso a la justicia y a los contrapesos institucionales. No es una simple reforma administrativa, es una maniobra política peligrosa”, aseguró.

Además, Cabal lanzó duras críticas al Gobierno Petro, al que acusó de querer “acallar y controlar todas las instituciones”. “Primero fue la Corte Constitucional, luego la Fiscalía, ahora el Consejo de Estado. Este régimen no quiere límites, quiere obediencia. Y eso es propio de una dictadura, no de una democracia constitucional”, sentenció.

Por ahora, ni el Ministerio de Justicia ni la Casa de Nariño se han pronunciado oficialmente sobre los cuestionamientos de la senadora. No obstante, juristas ya anticipan una lluvia de acciones legales contra el decreto 0799, alegando vicios tanto de forma como de fondo.

El debate promete escalar a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre si el Gobierno puede —por vía de decreto— alterar la competencia judicial en asuntos tan delicados como la revisión de tutelas contra el presidente.