El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe ha tomado un nuevo giro con las declaraciones de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien aseguró que la política de Seguridad Democrática “funcionó porque las AUC estuvimos detrás de ella”. Estas afirmaciones, realizadas previamente en 2009 mientras Mancuso se encontraba extraditado en Estados Unidos, reavivan el debate sobre la presunta relación entre el paramilitarismo y el Estado colombiano durante el gobierno de Uribe.
Ante estas declaraciones, el expresidente Álvaro Uribe desmintió cualquier vínculo entre su administración y los paramilitares. A través de un comunicado, aseguró que desde el inicio de su mandato ordenó el cese de actividades de las AUC y que su gobierno implementó medidas contundentes para su desmovilización. Según Uribe, la Seguridad Democrática permitió reducir la violencia y debilitar tanto a grupos paramilitares como guerrilleros.
Las declaraciones de Mancuso y la respuesta de Uribe
Durante su intervención, Mancuso reiteró que las AUC jugaron un papel determinante en la implementación de la política de Seguridad Democrática, una afirmación que ha sido rechazada en múltiples ocasiones por Uribe y sus seguidores. El exjefe paramilitar también hizo referencia a la visita que una comisión de congresistas le realizó en 2009 en una cárcel de Estados Unidos, asegurando que durante ese encuentro hubo propuestas de colaboración para esclarecer hechos de la violencia en Colombia.
Entre los asistentes a esa reunión, mencionó a la exsenadora Piedad Córdoba, a quien acusó de haber ofrecido ayuda a Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso Sierra’, para tramitar asilo político en otro país. Además, indicó que el excomisionado de paz Danilo Rueda estuvo presente en calidad de defensor de derechos humanos y que el senador Rodrigo Lara Restrepo mostró interés en conocer detalles sobre el asesinato de su padre.
Por su parte, Uribe enfatizó que su gobierno promovió la desmovilización de los paramilitares y que aquellos que incumplieron los acuerdos fueron capturados y extraditados. Según el exmandatario, la Seguridad Democrática fue una estrategia legítima para combatir a los grupos armados ilegales y recuperar el control territorial del país.
Un debate que sigue abierto
Las declaraciones de Mancuso han vuelto a encender el debate sobre la relación entre el paramilitarismo y el Estado, en un contexto en el que la justicia colombiana sigue investigando los vínculos de figuras políticas con grupos ilegales. Mientras la defensa de Uribe insiste en que su gobierno se enfrentó a todas las estructuras criminales sin distinción, sectores políticos y de derechos humanos sostienen que aún queda mucho por esclarecer sobre la influencia de los paramilitares en la política de seguridad del país.
Este nuevo capítulo en el juicio de Uribe podría tener implicaciones en el panorama político colombiano, reactivando discusiones sobre la responsabilidad de los distintos actores en el conflicto armado y la construcción de memoria histórica en el país.
