La ambiciosa expansión de Tesla en México enfrenta un obstáculo inesperado. La adquisición de 1.194 hectáreas en Santa Catarina, Nuevo León, donde se planea construir una Gigafactory, ha desencadenado una controversia legal por presuntas irregularidades en la compra del terreno.

María de los Ángeles García Jiménez y sus siete hermanos aseguran ser los legítimos propietarios de los terrenos en disputa. Según su versión, su familia ha poseído estas tierras durante más de cinco décadas, respaldándose en documentos que incluyen cinco escrituras, siete juicios de sucesión intestada y registros de pago de impuestos prediales. Sin embargo, en 2009 descubrieron que sus registros catastrales habían sido eliminados del sistema, lo que permitió que la familia Garza Ayala reclamara la propiedad.

De acuerdo con García Jiménez, los Garza Ayala, descendientes del exgobernador de Nuevo León, Lázaro Garza Ayala, habrían ejecutado un esquema fraudulento para despojar a su familia de las tierras. Asegura que, mediante rectificaciones de medidas y una notificación enviada a una dirección incorrecta, lograron obtener la titularidad del terreno a través de maniobras legales cuestionables.

La controversia podría representar un problema para Tesla y su CEO, Elon Musk. Si se comprueba que la venta de las tierras no se realizó de manera legítima, la compañía enfrentaría litigios que podrían retrasar la construcción de la Gigafactory en Nuevo León, afectando sus planes de expansión en Latinoamérica. Hasta el momento, ni Tesla ni Elon Musk han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Mientras la batalla legal avanza, García Jiménez ha solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar el presunto despojo y recuperar la propiedad familiar. Sin una resolución clara a la vista, el futuro de la Gigafactory de Tesla en México permanece en la incertidumbre.