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Lili Pink responde a intervención judicial y pide garantías mientras avanza investigación por presuntos delitos

En medio de un amplio operativo adelantado por las autoridades colombianas, la reconocida marca de ropa interior femenina Lili Pink se pronunció oficialmente tras los allanamientos y medidas cautelares ejecutadas en varios de sus establecimientos a nivel nacional, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando.

Las diligencias fueron lideradas por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Sociedad de Activos Especiales, en un proceso que incluyó inspecciones, ocupaciones de bienes con fines de extinción de dominio y acciones judiciales sobre activos vinculados a la empresa Fast Moda S.A.S., razón social bajo la cual opera la marca.

De acuerdo con la información conocida, los operativos se desarrollaron en más de 300 puntos de venta en distintas ciudades del país, incluyendo Bogotá, como parte de una investigación que busca esclarecer el origen de los recursos utilizados en la expansión de la compañía, así como posibles vínculos con redes de contrabando textil.

Tras conocerse estas acciones, la empresa emitió un comunicado en el que confirmó que actualmente enfrenta procesos administrativos ante autoridades regulatorias y judiciales, asegurando que su equipo legal está al frente de la situación para garantizar el cumplimiento de la ley y el manejo adecuado del caso.

En su declaración, Lili Pink hizo un llamado directo a las entidades del Estado para que se proteja la marca, resaltando su trayectoria de más de dos décadas en el mercado colombiano y su impacto en la generación de empleo. La compañía subrayó la importancia de salvaguardar la estabilidad laboral de miles de trabajadores mientras se desarrollan las investigaciones.

“Es fundamental preservar el legado de esta empresa y garantizar la continuidad de sus operaciones dentro del marco legal”, señaló la firma, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

El caso ha generado atención nacional debido al alcance del operativo y a la relevancia de la marca dentro del sector textil colombiano, donde ha logrado posicionarse como una de las cadenas más reconocidas en el segmento de ropa íntima y accesorios.

Por ahora, el proceso continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si existen responsabilidades penales o administrativas. Mientras tanto, la empresa insiste en su compromiso con la transparencia y la legalidad, en un momento clave que definirá su futuro en el mercado nacional e internacional.