“Acabando subsidios de pagadores de impuestos a medios tendenciosos”: Así se llamó el decreto que el presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo, con la intención de poner fin al apoyo económico del gobierno a las cadenas NPR y PBS.

En este documento, el presidente estadounidense se dirigió a la Corporación de Transmisión Pública (CPB) y le indicó que debía cesar de manera inmediata cualquier financiación, ya sea directa o indirecta, a estas cadenas, ya que, según él, no proporcionaban “una representación justa, precisa e imparcial de los acontecimientos actuales”.

No era la primera ocasión en que el presidente Trump criticaba abiertamente a estas cadenas. En un tweet que publicó el primero de abril de este año, los describió como “monstruos de extrema izquierda” e hizo un pedido público para que se les retirara el financiamiento.

La solicitud de los medios como reacción a los ataques de Trump

Como respuesta a estos ataques contra los medios, la Radio Pública Nacional (NPR) junto con tres emisoras locales que también reciben apoyo de la CPB, presentó este martes por la mañana una demanda contra el presidente Trump y otros funcionarios de su administración por excederse en sus funciones. En el escrito, que fue presentado ante un tribunal del distrito de Columbia, sostienen que no es rol del poder ejecutivo decidir cómo se distribuyen los fondos públicos. Esa responsabilidad corresponde al Congreso de Estados Unidos.

Además, indicaron que se trataba de una táctica clásica de venganza por parte de la presidencia en contra de los medios que han sido críticos con su gobierno. “La orden ejecutiva es una clara violación a la Constitución y a la protección de la libertad de expresión, asociación y prensa de la Primera Enmienda”, comentó en un comunicado la presidenta y directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher.

A esto se incluyen las otras estaciones que participan en esta acción legal, tales como Colorado Public Radio, Aspen Public Radio y KSUT, las cuales expresaron su oposición a cualquier intervención gubernamental en sus decisiones de contenido editorial y en la difusión de información.

El asunto fue asignado al juez del distrito Randolph D. Moss, quien también está tratando otra demanda en contra del presidente por intentar destituir a tres de los cinco integrantes de la junta del CPB en abril de este año.