¿Le está quedando grande la intervención de Air-e a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios? ¿O es que nos quieren dejar a la suerte para ver si se nos apaga la región Caribe?

Es inexplicable la postura que ha tomado el gobierno en torno a la grave crisis energética en la Costa Caribe, ahora exacerbada por los problemas financieros de las empresas Air-e y Afinia que siguen creciendo, reduciendo el margen de maniobra. La negativa a pagar la deuda que tiene Air-e con las generadoras eléctricas, que supera los 2 billones de pesos, nos tiene a puertas de un inminente apagón.

Al cumplirse siete meses de la intervención de Air-e, existía la esperanza de que se entregaran noticias favorables sobre el mejoramiento en la prestación del servicio eléctrico y la situación financiera, pero ni las cifras ni la gestión avanzan en ese camino. La fallida intervención que en menos de medio año ha tenido tres agentes, incluidos el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha estado plagada de controversias, cuestionamientos y pocos resultados.

Una vez más, estamos viendo cómo se repite la historia de lo que sucedió durante los tres años en que la Superservicios intervino a Electricaribe, un total fracaso en los indicadores y la prestación del servicio que le costó a los colombianos más de 13 billones de pesos. Ahora tenemos el agravante de que no existe asomo de voluntad del gobierno y la superintendencia para resolver la crisis.

Como primera medida, la solución más lógica para evitar un apagón en el corto plazo es pagar las deudas que tiene la empresa con las generadoras y transmisoras de energía. Un remedio que está en manos del Superintendente Yanod Márquez Aldana, quien actúa como ordenador del gasto del Fondo Empresarial, creado para garantizar la viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio de las empresas intervenidas, y asegurar que la misma sea eficiente.

La normativa que rige el Fondo Empresarial, establece que “este podrá apoyar con recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos objeto de la medida de toma de posesión para asegurar la viabilidad de los respectivos esquemas de solución a largo plazo sin importar el resultado en el balance del Fondo de la respectiva operación, siempre y cuando así lo soliciten ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y acrediten los requisitos establecidos en las leyes”.

Así las cosas, si el Doctor Márquez lo solicita solo se requiere de la aprobación de un Conpes para que se otorgue una garantía de la Nación al Fondo Empresarial, tal y como ocurrió cuando se intervino a Electricaribe, que se pudo acceder a créditos para aminorar los problemas de liquidez que registraba la empresa, y en este caso evitar un apagón en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, que afectaría a 5.400.000 personas.

La Superservicios le está fallando a los colombianos, dilatando la solución mientras se pone en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica. Es pertinente que los responsables de las decisiones finales no incurran más en la farsa que tanto daño le hace y le ha hecho a la Región. Se necesitan acciones urgentes; la situación financiera de la empresa no admite más dilaciones, ni decisiones a largo plazo.