El 21 de agosto de 2024, el Concejo de Medellín ratificó el proyecto de Acuerdo que solicitaba la autorización para la venta de dichas acciones, una elección que suscitó controversia y provocó reacciones tanto favorables como adversas.

En efecto, entre los que se manifestaron en contra de esta propuesta, algunos llevaron a cabo acciones legales con el objetivo de detener el proceso. Este fue el caso de una Acción popular presentada por Edier Esteban Manco Pineda, quien presentó una defensa en pro del patrimonio público.

Decisión

En relación con esto, el viernes 12 de junio, el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín desestimó las solicitudes planteadas en la demanda y, además, señaló que, de acuerdo con los artículos 7 y 21 de la ley 393 de 1997, el demandante no está en posición de presentar una nueva acción con el mismo objetivo.

Esto implica que la justicia concluyó que la autorización para la transferencia de acciones de Tigo-UNE fue legítima y que se cumplieron todos los procedimientos requeridos por la ley.

El juez afirmó que se siguieron todos los protocolos establecidos por la Ley 226 de 1995, en conformidad con el artículo 287 de la Constitución.

No obstante, contra esta resolución es posible interponer un recurso de apelación, el cual debe ser presentado y fundamentado dentro de los tres días posteriores a su notificación.

“Actualmente EPM se encuentra en la etapa de construcción del rango de valoración de UNE en conjunto con su banca de inversión BTG Pactual y los diferentes asesores que acompañan la transacción. Posterior a ello, dicho rango de valoración será analizado por una banca de inversión independiente diferente a BTG Pactual quien emitiría una Opinión Independiente o Fairness Opinion. Y finalmente, la Junta Directiva de EPM será quien apruebe la valoración para definir e incluir el precio por acción en el programa de enajenación con el cual se dará inicio formalmente al proceso de enajenación según lo establecido en la Ley 226 de 1995″.

Aunque no se atrevió a proporcionar una cifra exacta, el director de EPM sí mencionó que en las evaluaciones existía un mínimo, que era una valoración preliminar, que estaba por encima de 1,5 billones de pesos.