En los últimos días, la conversación pública alrededor de la salida de Juan Jaramillo, conocido con afecto por muchos como Juancho, de la dirección de Carnaval de Barranquilla S.A.S. ha estado marcada por señalamientos que, más allá del análisis serio, parecen responder a una narrativa apresurada. Algunos sectores han querido reducir su gestión a supuestos errores logísticos y desórdenes en los desfiles, como si esos episodios fueran exclusivos de un periodo específico, ignorando que históricamente cada edición del Carnaval ha tenido retos organizativos en escenarios tan complejos como los desfiles de Vía 40 o la Guacherna.

Resulta necesario poner en perspectiva el contexto real de la organización de una fiesta que moviliza a miles de artistas, hacedores culturales y espectadores. Durante sus dos años al frente de la entidad, Jaramillo demostró una visión cercana al sector cultural, respaldada por su experiencia en procesos artísticos y comunitarios. Esa conexión permitió fortalecer el diálogo con grupos tradicionales, abrir espacios para nuevos talentos y consolidar dinámicas que buscaron dignificar el trabajo de quienes hacen posible el Carnaval de Barranquilla desde sus raíces.

Uno de los puntos más cuestionados ha sido la logística de los desfiles. Sin embargo, en medio de la discusión pública se ha omitido analizar con mayor profundidad el papel de las empresas subcontratadas encargadas de controlar el acceso del público y garantizar el orden en los recorridos. La responsabilidad de estas compañías no solo consiste en evitar el ingreso indebido de espectadores, sino también en facilitar el trabajo de la prensa y asegurar condiciones óptimas para que los bailarines y comparsas puedan desarrollar sus presentaciones sin interrupciones. Cuando surgen restricciones excesivas hacia los medios de comunicación o fallas en el manejo del público, el análisis no debería centrarse únicamente en la figura del director, sino también en la ejecución contractual y en las decisiones operativas de quienes implementan las estrategias en terreno.

La tendencia a personalizar los problemas complejos termina por invisibilizar las responsabilidades compartidas dentro de una estructura organizativa amplia. El Carnaval es una maquinaria que involucra a múltiples actores institucionales y privados, por lo que cualquier evaluación seria debe incluir la revisión de contratos, procesos de supervisión y el desempeño del personal encargado de tomar decisiones durante los eventos masivos. Señalar a una sola persona como responsable absoluto simplifica una realidad que, en esencia, es colectiva.

En paralelo, han surgido rumores sobre una posible aspiración política de Jaramillo en futuras elecciones locales, especulaciones que aún carecen de confirmación oficial. Las conversaciones en distintos sectores de la ciudad reflejan el interés que ha despertado su figura más allá del ámbito cultural, aunque por ahora el escenario político sigue siendo incierto y cualquier proyección debe tomarse con cautela.

Más allá de las versiones que circulan, lo cierto es que la gestión de Juan Jaramillo dejó resultados visibles en términos de articulación cultural y fortalecimiento del ecosistema artístico del Carnaval. Evaluar su paso por la dirección exige un análisis equilibrado, alejado de narrativas polarizadas y enfocado en reconocer tanto los desafíos inherentes a la organización de una fiesta de talla mundial como los avances logrados durante su administración. El Carnaval de Barranquilla, como patrimonio vivo, merece debates responsables que construyan memoria y no juicios apresurados que desconozcan la complejidad de una celebración que cada año se reinventa entre aciertos y aprendizajes.