El fuerte incremento del salario mínimo decretado a finales de 2025, del 23,7 %, abrió un debate profundo en el sector de la construcción, una de las actividades económicas con mayor demanda de mano de obra en el país. Con costos laborales en aumento, tasas de interés aún elevadas y un mercado inmobiliario que no termina de recuperarse, las empresas del sector analizan cómo sostener sus proyectos sin afectar su viabilidad financiera.

Desde la Cámara Colombiana de la Construcción se encendieron las alertas. Su presidente, Guillermo Herrera, advirtió que el ajuste salarial supera los parámetros tradicionales de inflación y productividad, lo que genera una presión significativa sobre las estructuras de costos de las constructoras. A su juicio, este escenario puede alterar el equilibrio económico de los proyectos y obligar a las empresas a replantear sus esquemas de contratación.

El gremio explicó que en un sector donde una alta proporción de trabajadores devenga salario mínimo, cualquier incremento de esta magnitud impacta directamente los costos fijos. Ante esta situación, Camacol convocó una junta extraordinaria para analizar los efectos del aumento y definir posibles rutas de acción que permitan mantener la actividad constructora y el empleo formal.

Desde el punto de vista económico, el analista Andrés Moreno Jaramillo señaló que la construcción enfrenta un dilema complejo. Explicó que los salarios representan una parte esencial de los costos de un proyecto y que reducir personal no siempre es una opción viable, ya que afecta los tiempos de ejecución. En ese contexto, las empresas se ven forzadas a elegir entre aumentar los precios de la vivienda o ajustar sus esquemas laborales.

Uno de los escenarios que más inquietud genera es el posible crecimiento de la tercerización laboral como mecanismo para aliviar la carga de costos. Según Moreno Jaramillo, esta alternativa surge como una respuesta directa a la presión financiera, pero advierte que tiene efectos negativos a largo plazo. La contratación indirecta, afirmó, puede debilitar el empleo formal, fomentar la informalidad y reducir los aportes a la seguridad social, afectando tanto a los trabajadores como al sistema en general.

Para el sector, el riesgo es doble. Por un lado, el encarecimiento de la mano de obra podría frenar nuevos proyectos de vivienda y ralentizar la recuperación del mercado. Por otro, trasladar los mayores costos al precio final de los inmuebles podría limitar el acceso a la vivienda para miles de familias.

El debate deja sobre la mesa un reto central para la política pública: encontrar un equilibrio entre la mejora de los ingresos de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas que generan empleo. En un contexto económico aún frágil, el sector de la construcción observa con cautela los efectos del aumento salarial y evalúa decisiones que podrían marcar el rumbo del empleo y la vivienda en Colombia durante los próximos años.