La controversial operación militar ejecutada en Calamar, Guaviare, el pasado 10 de noviembre, continúa generando reacciones y ahora entra en una fase formal de investigación. La Justicia Penal Militar anunció la apertura de una indagación preliminar para establecer si durante el bombardeo, que dejó 20 muertos —entre ellos siete menores reclutados forzosamente por las disidencias de “Iván Mordisco”—, se cumplieron los protocolos establecidos para el uso de la fuerza.

El comunicado de la Fiscalía Penal Militar y Policial informó que el proceso busca revisar con detalle las actuaciones de los uniformados involucrados en la operación, ordenada por el presidente Gustavo Petro y ejecutada en zona rural de Puerto Cubarro. La entidad señaló que este tipo de evaluaciones se abren de manera rutinaria tras operaciones aéreas, pero en este caso la revisión cobra especial relevancia por el impacto humanitario y político del resultado.

La decisión se suma a la indagación disciplinaria anunciada por la Procuraduría General de la Nación, que el fin de semana inició su propio proceso para determinar si existieron errores operacionales que condujeron a la muerte de los menores. El ente de control advirtió que, de confirmarse irregularidades, aplicará las sanciones correspondientes y pidió a las Fuerzas Militares perfeccionar sus procedimientos para evitar hechos similares.

La Procuraduría, además, condenó enfáticamente el reclutamiento de menores por parte de las disidencias, práctica que ha sido denunciada por la ONU, que advierte que estos grupos utilizan a los niños como “escudos humanos” en medio del conflicto.

Una operación que pasó de “golpe estratégico” a foco de controversia

Al inicio, el Gobierno presentó el bombardeo como un avance significativo contra la estructura criminal de “Iván Mordisco”. Sin embargo, todo cambió cuando Medicina Legal confirmó que siete de los muertos eran menores reclutados a la fuerza. La noticia desató una ola de cuestionamientos políticos, jurídicos y humanitarios.

Desde varios sectores se ha exigido transparencia y claridad sobre el cumplimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en lo relacionado con la distinción y protección de víctimas menores de edad.

Petro defiende la operación, pero crece el debate

El presidente Gustavo Petro ha insistido en que la operación fue necesaria ante una amenaza inminente contra un pelotón de 20 soldados en terreno. Según el mandatario, los militares enfrentaban un riesgo mortal si no se actuaba de forma inmediata.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, también defendió la operación, afirmando que quienes participan activamente en hostilidades pierden protección y subrayando la responsabilidad de los grupos armados en el reclutamiento de menores.

Aun así, las críticas no cesan. Sectores de oposición y voces de organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la coherencia del Gobierno, recordando que Petro, cuando fue senador, rechazó tajantemente bombardeos en los que murieron menores durante el gobierno de Iván Duque.

Con la apertura de estas investigaciones, el caso entra en una nueva etapa que definirá si hubo fallas operativas o si la acción militar se ajustó a los estándares exigidos. Por ahora, la Justicia Penal Militar promete actuar con “rigurosidad jurídica y técnica”, en un episodio que mantiene en tensión el debate nacional sobre las operaciones del Estado y la protección de la niñez en zonas de conflicto.