Barranquilla sigue siendo epicentro de escándalos judiciales. La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra el empresario barranquillero Julio Gerlein Echeverría por el delito de soborno en actuación penal, al estar presuntamente involucrado en ofrecimientos económicos a la excongresista Aida Merlano Rebolledo, con el fin de que no revelara información sobre otros actores implicados en la red de compra de votos en el Atlántico.

Según el ente acusador, Gerlein habría facilitado dádivas con el objetivo de persuadir a Merlano de no declarar ante la Corte Suprema de Justicia sobre los vínculos de su entorno político con la estructura criminal conocida como “Casa Blanca”. En el mismo caso fueron imputados también los abogados Diego Muñetón y Teodoro Antonio Dejón por su supuesta participación en estos hechos.

La audiencia de imputación, que tuvo al menos ocho aplazamientos —el más reciente el 9 de abril de 2025—, finalmente se llevó a cabo el 6 de agosto de este año. Cabe recordar que en agosto de 2024, un juez absolvió a Gerlein del delito de concierto para delinquir, al no encontrarse pruebas suficientes que lo vincularan directamente con la organización ilícita dedicada a la compra de votos.

Pese a la absolución anterior, la Fiscalía sostiene que existen elementos para imputarle nuevos cargos. Las investigaciones por corrupción al sufragante y violación de topes de campaña fueron cerradas por prescripción o preclusión.

Uno de los puntos más polémicos del proceso fue la declaración del propio Gerlein, quien en algún momento reconoció haber contribuido con hasta 12.000 millones de pesos a la campaña de Aida Merlano. Posteriormente, matizó sus palabras argumentando que se trató de un respaldo personal motivado por su relación sentimental con la excongresista, y no por un interés electoral.

El abogado Miguel Ángel del Río, quien representa a Merlano, ha señalado de manera enfática que la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento contra Gerlein. “Un bandido como ese no saldrá impune”, afirmó en su momento.

En contraste, la defensa del empresario insiste en que no se ha logrado demostrar la existencia de una estructura criminal organizada, y que los testimonios de Merlano presentan contradicciones. Además, reiteraron que el dinero entregado no configura un acto ilícito, sino que corresponde a asuntos personales ajenos a la política.

Este nuevo episodio judicial mantiene viva una de las controversias más mediáticas de la política costeña, donde aún quedan muchos capítulos por resolverse.