La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de lesa humanidad y de guerra a cuatro generales retirados, 35 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, quienes habrían participado en la ejecución de 442 homicidios presentados como bajas en combate en Antioquia entre 2004 y 2007.

Según el fallo emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, quienes ocuparon altos cargos en la Brigada IV del Ejército durante el periodo señalado, son considerados máximos responsables de implementar una política de “conteo de cuerpos”. Esta estrategia priorizaba la cantidad de muertes reportadas como el principal indicador de éxito militar, lo que derivó en una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales.

Junto a ellos, 25 oficiales y 10 suboficiales de distintos batallones fueron imputados por su participación en la ejecución y encubrimiento de estos crímenes. Además, la JEP señaló la responsabilidad de dos civiles que presuntamente formaban parte de una red criminal dedicada a reclutar víctimas para entregarlas a los militares a cambio de dinero.

Por primera vez en un caso de falsos positivos, la JEP ha documentado actos de tortura cometidos contra víctimas directas y sus familiares. En al menos 22 casos, con 41 afectados, campesinos del Oriente Antioqueño fueron torturados tras ser acusados arbitrariamente de pertenecer a grupos guerrilleros. Los militares buscaban extraer información o justificar la ejecución de estas personas bajo supuestos enfrentamientos armados.

La JEP indicó que la política de “conteo de cuerpos” incentivó una competencia interna dentro del Ejército, en la que se otorgaban beneficios y reconocimientos a quienes reportaban un mayor número de bajas. Esta dinámica ignoró el contexto estratégico de la región, en donde las guerrillas ya habían sido debilitadas y los grupos paramilitares desmovilizados.

Este fallo es el séptimo Auto de Determinación de Hechos y Conductas dentro del Caso 03, en el cual la JEP investiga los falsos positivos ocurridos en diferentes regiones del país. La jurisdicción especial ha documentado hechos similares en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el cementerio Las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño entre 2002 y 2003.

La JEP continuará avanzando en la investigación para determinar responsabilidades en los niveles más altos de la estructura militar, con el objetivo de garantizar justicia para las víctimas y esclarecer el papel de más de 4.000 miembros de las Fuerzas Militares acogidos a este tribunal especial.