El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entra en una nueva fase con el inicio de una audiencia clave en Bogotá, en la que un juez definirá el destino de más de $9.700 millones recuperados hasta el momento por la Fiscalía General de la Nación.

Esta diligencia, programada para este martes 28 de octubre, busca establecer cómo serán distribuidos los recursos reintegrados por varios de los implicados en el millonario entramado de corrupción que afectó directamente a proyectos sociales y humanitarios, especialmente en el departamento de La Guajira.

Según el informe oficial del ente investigador, los fondos devueltos suman $9.714 millones, producto de los preacuerdos firmados en la primera etapa de la investigación. Los reintegros fueron realizados por los procesados Pedro Andrés Rodríguez Melo ($500 millones), Olmedo de Jesús López Martínez ($724 millones), Sneyder Augusto Pinilla Álvarez ($618 millones), Luis Eduardo López Rosero ($7.722 millones) y Luis Carlos Barreto Gantiva ($150 millones).

Las comunidades indígenas wayuu, reconocidas como víctimas dentro del proceso, insisten en que los recursos deben destinarse exclusivamente a programas de agua potable y saneamiento básico, como estaba previsto originalmente. “Nuestra solicitud es que los dineros regresen a las comunidades afectadas, bajo una destinación directa que garantice el acceso al agua y mejore las condiciones de vida de los pueblos wayuu”, indicó el representante civil Pablo Bustos.

De manera paralela, la Fiscalía avanza en la segunda fase de la macroinvestigación, en la que se documenta el desvío de más de $13.000 millones adicionales. Entre los nuevos implicados figura César Manrique Soacha, actualmente prófugo de la justicia y con circular roja de Interpol, acusado de haberse beneficiado con $3.000 millones derivados de sobornos relacionados con la compra irregular de 40 carrotanques a través de la corporación Yapurutú.

En esta etapa también fueron vinculados el abogado Édgar Riveros Rey, la contratista Sonia Rocío Romeo Hernández, Óscar Enrique Cárdenas Angulo, Édgar Echeverri Toro, Francisco Javier Estupiñán Bravo y otros exfuncionarios de la UNGRD, quienes serán llamados a juicio por su participación en el desfalco.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia será la encargada de adelantar el proceso para recuperar los $4.000 millones que habrían sido entregados como dádivas al expresidente del Congreso Iván Name Vásquez y al expresidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas.

Este proceso judicial, que busca recuperar los recursos desviados y establecer responsabilidades penales, representa uno de los capítulos más relevantes en la lucha contra la corrupción en Colombia, con especial impacto en las comunidades más afectadas por la mala administración de los fondos públicos.