Barranquilla avanza en el proceso de demolición del conjunto residencial Privilegios, ubicado en el barrio Campo Alegre, escenario de la emergencia ocurrida en noviembre de 2024 cuando una de sus torres colapsó por fallas estructurales, dejando como saldo la muerte de una mujer y tres menores de edad heridos.

En el lugar ya se observan las maquinarias pesadas que comenzaron con la demolición de las torres 1 y 2, las más afectadas tras el siniestro. Sin embargo, el proceso no ha sido del todo fluido. El abogado Roberto Tapia, representante legal de los propietarios de las torres 3, 4 y 5, aseguró que todavía no existe un acuerdo económico con la Alcaldía de Barranquilla, por lo que la demolición de esas edificaciones no podrá llevarse a cabo mientras no se logre una conciliación.

“Este viernes nos vamos a sentar con la Procuraduría para saber exactamente cuál va a ser el camino a seguir. Va a ser como una forma de hacer una mesa de trabajo. Ellos quieren que la Procuraduría les dé el aval para comprar, porque realmente se ha venido comprando hace muchos años”, explicó el jurista.

La reunión tendrá lugar en la sede de la Procuraduría, donde propietarios y Distrito buscarán una solución concertada que permita avanzar en el proceso, garantizando los derechos de las familias afectadas.

Tras el desplome de la torre en 2024, un total de 17 familias, integradas por 58 personas, fueron censadas y evacuadas por las autoridades distritales, quedando a la espera de soluciones de vivienda y apoyo económico.

La demolición de Privilegios marca un nuevo capítulo en una tragedia que dejó cicatrices en la ciudad y abrió un debate sobre la seguridad en proyectos urbanísticos, así como la responsabilidad de las constructoras y entes de control en la vigilancia de las obras que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.