El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un estudio detallado sobre los llamados 13 corredores de la muerte, una red de rutas estratégicas que atraviesan el país de sur a norte y de oriente a occidente, extendiéndose incluso hacia las fronteras con Venezuela, Brasil, Panamá y Ecuador.
Estos corredores no solo son caminos de narcotráfico y economías ilegales, sino escenarios de violencia sistemática donde se combinan contrabando, minería ilegal, reclutamiento forzado y un control armado que mantiene en jaque a miles de comunidades.
Características comunes de los corredores
De acuerdo con el informe, los 13 corredores coinciden en varios factores: son zonas de frontera interna o externa con débil institucionalidad, alta biodiversidad y abundancia de recursos naturales como agua, oro o bosques cocaleros. Además, presentan altos índices de violencia estructural, desde homicidios y masacres hasta feminicidios y desplazamientos forzados.
Su ubicación geográfica les otorga conectividad estratégica gracias a ríos, trochas, selvas, pasos fronterizos y puertos, lo que los convierte en verdaderas autopistas del conflicto.
Tres dimensiones del control armado
Indepaz explica que estos corredores no se reducen a la violencia directa, sino que configuran una estrategia integral de dominación:
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Control militar y logístico: presencia física de grupos armados con patrullajes, retenes ilegales, minas antipersonales, enfrentamientos y confinamientos masivos.
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Control social y normativo: imposición de reglas de conducta, toques de queda, castigos públicos, reclutamiento forzado de menores y censura a liderazgos comunitarios y medios locales.
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Control económico e institucional: extorsiones generalizadas, manejo de economías ilegales, captura de rentas públicas y mediación forzada en el acceso a derechos básicos.
Los corredores más críticos
Entre los trece identificados se destacan:
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Putumayo–Cauca–Micay–Pacífico, clave para el narcotráfico por su conexión con cultivos de coca y rutas marítimas.
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Catatumbo–frontera con Venezuela, escenario histórico de disputa entre guerrillas, carteles y bandas transnacionales.
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Urabá–Tapón del Darién, epicentro del narcotráfico internacional y del paso de migrantes hacia Centroamérica.
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Chocó–Medio Atrato–litoral Pacífico, controlado por el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC.
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Costa Pacífica nariñense y caucana, una de las rutas más codiciadas para el envío de droga hacia Ecuador y Centroamérica.
Otros corredores se extienden por el Bajo Cauca antioqueño, el Eje Cafetero, la Sierra Nevada y La Guajira, la Orinoquía, los llanos orientales y el corredor nororiental que conecta Norte de Santander con Bolívar y Antioquia.
Impacto humanitario
El informe concluye que los efectos sobre la población son devastadores: confinamientos, desplazamientos masivos, asesinatos selectivos, desapariciones, amenazas y reclutamiento de menores. Esta violencia sostenida no es accidental, sino estructural, y refleja el poder que ejercen grupos como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de alias “Iván Mordisco” y “Calarcá”, además de redes de narcotráfico y contrabando transnacional.
En este escenario, miles de familias permanecen atrapadas en territorios donde el Estado llega de manera fragmentada o cómplice, mientras los grupos armados consolidan su dominio económico, social y militar.