La Fiscalía ha anunciado que presentará cargos contra Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga y la exministra Cecilia Álvarez en relación con el caso Odebrecht.

Según la investigación, la constructora habría transferido la suma de 1’610.000 dólares a las cuentas del publicista ‘Duda’ Mendoça, quien prestaba servicios a la campaña. Existen indicios de que Zuluaga tenía conocimiento de esta contribución ilícita.

En este contexto, la Fiscalía ha decidido presentar cargos contra los implicados debido a la existencia de «abundante material de prueba». Sin embargo, también se informó que la investigación contra la exministra de Educación, Gina María Parody, fue archivada, ya que no se encontraron suficientes elementos para sostener las acusaciones en su contra.

Según la Fiscalía, durante 2014, cuando Zuluaga era candidato presidencial, mantuvo diversas reuniones en su apartamento en el norte de Bogotá con Eleuberto Antonio Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia. Durante estos encuentros, al parecer se habría pactado el aporte financiero de la multinacional brasileña para cubrir los servicios del publicista ‘Duda’ Mendoça, quien recibió los fondos en una cuenta en Panamá.

La Fiscalía ha señalado que, según la Constitución colombiana, los partidos políticos y los movimientos ciudadanos tienen prohibido recibir financiación extranjera para sus campañas electorales. En este sentido, las pruebas recolectadas indican que Óscar Iván Zuluaga estaba al tanto de este aporte ilegal y presentó informes contables omitiendo esta información ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de obtener un reembolso de más de 25.000 millones de pesos. Por estos hechos, se imputarán cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular a Óscar Iván Zuluaga, mientras que a su hijo David Zuluaga se le imputará el delito de fraude procesal.

En cuanto a Cecilia Álvarez, quien ocupó el cargo de ministra de Transporte durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se la acusa de avalar la celebración de modificaciones al contrato conocido como ‘Ruta del Sol II’. Estas modificaciones agregaron la construcción del tramo Ocaña-Gamarra al proyecto vial.

Según el organismo, dichas actuaciones se llevaron a cabo sin los debidos estudios técnicos ni las autorizaciones requeridas, en aparente beneficio de la concesionaria ‘Ruta del Sol’, en la cual Odebrecht tenía participación. La exministra habría garantizado la instalación de nuevas estaciones de peaje y el aumento de las tarifas de otras existentes para asegurar más fuentes de financiación a la concesionaria. Se le imputarán cargos por su presunta participación en estos actos irregulares.