Un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) pone en evidencia el complejo panorama de seguridad en Colombia, señalando que la presencia de grupos armados ha aumentado considerablemente durante los dos años y medio de gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el documento, la política de ‘paz total’ implementada por la administración ha tenido resultados limitados en frenar las acciones de estos grupos, lo que ha derivado en afectaciones significativas para la población civil.
El informe destaca que, aunque el acuerdo de paz de 2016 con las FARC logró una reducción inicial de la violencia, la reconfiguración del conflicto ha permitido que actores como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC expandan su control territorial. Para junio de 2024, el Clan del Golfo operaba en 392 municipios, el ELN en 232, y las disidencias en 299, evidenciando un incremento del 55 %, 23 % y 30 % respectivamente en comparación con 2022.
Graves abusos y desplazamientos masivos
Los grupos armados, impulsados por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han continuado cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Entre enero y julio de 2024, más de 71.000 personas quedaron confinadas en sus territorios debido a amenazas, minas antipersona y enfrentamientos armados. Además, los enfrentamientos desplazaron a más de 34.000 personas, siendo los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño los más afectados.
El reclutamiento de menores también sigue siendo un problema alarmante, con 159 casos registrados solo en el primer semestre de 2024, muchos de ellos en comunidades indígenas.
Cuestionamientos a la implementación de la paz
Aunque el presidente Petro ha mostrado respaldo al acuerdo de paz de La Habana, HRW señala grandes dificultades en su implementación. Hasta agosto de 2024, solo el 16 % de las 9,7 millones de víctimas del conflicto armado habían recibido algún tipo de reparación. La política de ‘paz total’ ha enfrentado críticas por la falta de preparación y supervisión de los ceses al fuego anunciados con distintos grupos armados, los cuales, en muchos casos, no fueron respetados.
Preocupaciones sobre la libertad de expresión
El informe también alerta sobre las amenazas a la libertad de prensa en Colombia, considerado uno de los países más peligrosos para periodistas. Entre enero y julio de 2024, cinco comunicadores fueron asesinados, y se reportaron actos de estigmatización por parte del presidente Petro hacia medios y periodistas críticos a su gobierno, a pesar de una directiva presidencial que buscaba garantizar un entorno seguro para la libertad de expresión.
Perspectivas y desafíos
El informe de HRW subraya la urgencia de fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la protección de los derechos humanos, así como la necesidad de redoblar esfuerzos para implementar de manera efectiva el acuerdo de paz. Mientras tanto, la población civil sigue enfrentando las consecuencias de una violencia que persiste y se transforma, incluso en medio de iniciativas para alcanzar la paz.
