En medio de un clima de tensión y rechazo ciudadano, la ciudad de Homestead aprobó su adhesión al programa federal 287(g), impulsado por el gobernador Ron DeSantis. La decisión convierte a esta localidad en la más reciente en sumarse a la colaboración directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto con ciudades como Doral, Hialeah, Coral Gables y West Miami.

Este acuerdo permite a los agentes de policía locales asumir funciones migratorias, incluyendo la verificación de estatus migratorio y la detención de personas con procesos pendientes ante las autoridades federales.

Decisión dividida, comunidad en alerta

Aunque la medida fue aprobada, la votación no estuvo exenta de controversia. Organizaciones comunitarias, residentes y comerciantes locales expresaron su preocupación por el impacto que tendrá esta alianza en la cotidianidad de una ciudad donde gran parte de la población es inmigrante, muchos de ellos en condición irregular.

“Esta decisión rompe la confianza entre la policía y la comunidad. Ahora, muchas personas tendrán miedo incluso de denunciar un delito o pedir ayuda por temor a ser deportadas”, expresó uno de los manifestantes tras la votación del consejo municipal.

Ecos de resistencia

Homestead ya había sido escenario de protestas previas relacionadas con centros de detención migratoria. Ahora, grupos de derechos civiles anunciaron que retomarán movilizaciones y campañas informativas para contrarrestar lo que califican como una política que estigmatiza a los migrantes y criminaliza su presencia.

“Estamos retrocediendo décadas en construcción de confianza. Este acuerdo puede tener consecuencias devastadoras para familias enteras”, señaló una vocera de la organización Unidos Por Homestead.

Inquietud entre comerciantes

El impacto económico también comienza a sentirse. Comerciantes del área reportaron que, cada vez que surgen noticias relacionadas con posibles redadas, muchos residentes optan por quedarse en casa. Esto, afirman, se traduce en caída en ventas y un ambiente de incertidumbre generalizada.

Sin claridad sobre implementación

Hasta el momento, las autoridades municipales no han revelado detalles sobre cómo será implementado el acuerdo o qué tipo de capacitación recibirán los agentes locales. La falta de información clara alimenta el temor en la comunidad.

El programa 287(g), creado en 1996, ha sido ampliamente cuestionado por defensores de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten sobre su potencial para fomentar perfiles raciales y detenciones injustificadas.