La discusión sobre el salario mínimo en Colombia entró en una nueva fase luego de que el Gobierno, empresarios y centrales obreras se reunieran en una mesa de concertación para analizar el panorama tras la decisión judicial que dejó en suspenso el incremento decretado para 2026. El encuentro marcó el inicio de un proceso de diálogo que busca definir un camino transitorio mientras avanza el análisis de fondo del Consejo de Estado.

La reunión se llevó a cabo con la participación de representantes del Ejecutivo, del sector productivo y de organizaciones sindicales, quienes coincidieron en la necesidad de encontrar una salida que preserve el poder adquisitivo de los trabajadores y al mismo tiempo garantice estabilidad económica. De acuerdo con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, existe una postura favorable entre los actores para mantener un aumento cercano al 23,7 %, cifra que había sido anunciada previamente antes de la suspensión provisional del decreto.

El Gobierno Nacional reiteró que acatará las órdenes judiciales y adelantará la expedición de un decreto transitorio que determine el porcentaje de incremento salarial mientras se resuelve definitivamente la legalidad del acto administrativo. Este nuevo documento deberá considerar variables económicas clave como la inflación, la productividad certificada, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el comportamiento del ingreso nacional, entre otros factores definidos por la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Hacienda también se destacó que el concepto de salario vital continúa siendo una prioridad dentro de la política económica del Ejecutivo. Según las autoridades, el objetivo es avanzar hacia acuerdos que promuevan mayor equidad social sin afectar la sostenibilidad financiera del país, en un contexto donde el debate salarial se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda nacional.

La mesa de concertación surge luego de que el Consejo de Estado ordenara suspender provisionalmente el aumento del salario mínimo para 2026 y exigiera al Gobierno emitir un nuevo decreto dentro de un plazo establecido. Mientras se define el fallo definitivo, la discusión continuará en escenarios técnicos y políticos, con la expectativa de alcanzar consensos que brinden seguridad jurídica y estabilidad económica tanto a trabajadores como a empleadores.

En medio de este panorama, expertos advierten que el resultado de las negociaciones podría marcar el rumbo de futuras discusiones laborales en el país, especialmente en un contexto donde el salario mínimo se ha convertido en un símbolo de debate social, económico y político. El proceso apenas comienza y su evolución será determinante para el cierre del año fiscal y la planificación económica de miles de empresas y familias colombianas.