El Gobierno nacional anunció la implementación de un nuevo esquema de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con drones y uso de glifosato, una estrategia que tendrá como plan piloto al departamento del Cauca y que busca enfrentar la presión de grupos armados ilegales sobre comunidades campesinas.

La confirmación fue hecha por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien explicó que esta modalidad es distinta a la aspersión aérea suspendida años atrás. Según indicó, se trata de una intervención controlada, de baja altura y con supervisión directa de la Policía Nacional, con el objetivo de reducir riesgos ambientales y sanitarios.

De acuerdo con el funcionario, los drones operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre las plantas, lo que permite una aplicación precisa del químico y evita la dispersión que caracterizaba a la fumigación aérea. Este método, aseguró, permite cubrir hasta una hectárea de cultivos de coca en aproximadamente 30 minutos, con un control visual permanente durante todo el proceso.

Idárraga recalcó que la estrategia responde a escenarios donde los grupos armados ilegales obligan a la población civil a sembrar hoja de coca o impiden el ingreso de las autoridades para realizar erradicación manual. En ese contexto, señaló que la medida busca proteger a las comunidades y recuperar el control institucional en territorios afectados por economías ilegales.

El inicio del plan piloto depende de la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, trámite que, según el ministro, podría resolverse en los próximos días. Una vez se obtenga el aval, la aspersión terrestre con drones comenzaría en Cauca y luego podría extenderse a otras regiones con problemáticas similares.

Entre los territorios que el Gobierno tiene en el radar para una posible expansión de la estrategia se encuentran Arauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo y la región del Catatumbo, zonas donde, según las autoridades, persiste la instrumentalización de campesinos por parte de estructuras armadas ilegales.

El anuncio se suma a los recientes pronunciamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, y marca un giro en la política de lucha contra los cultivos ilícitos, apostando por herramientas tecnológicas y un enfoque de intervención focalizada en territorios de alta conflictividad.