El Gobierno nacional hizo oficial la lista completa de nuevos impuestos y ajustes tributarios que entrarán en vigencia durante 2026 como parte de la emergencia económica, social y ecológica declarada en el país. La decisión quedó consignada en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, y tiene como objetivo fortalecer las finanzas públicas ante el creciente déficit fiscal y las presiones sobre el gasto estatal.

Según el Ejecutivo, el conjunto de medidas permitiría un recaudo estimado de 11,1 billones de pesos, recursos que se destinarán a cubrir necesidades urgentes del Presupuesto General de la Nación, entre ellas obligaciones en salud, subsidios, atención de emergencias, seguridad, funcionamiento del Estado y fallos judiciales pendientes. El decreto fue expedido a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, haciendo uso de las facultades extraordinarias que otorga la Constitución en estados de excepción.

El Gobierno justificó la decisión en un contexto de alta presión fiscal, restricciones de liquidez y limitaciones para acceder a mayor endeudamiento. De acuerdo con el documento, las medidas tienen carácter transitorio y solo podrán mantenerse mientras persistan las causas que dieron origen a la emergencia. Los ingresos adicionales deberán ser utilizados exclusivamente para atender los efectos de la crisis.

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del IVA a nuevas actividades y productos. A partir de 2026, los juegos de suerte y azar operados por internet quedarán gravados con este impuesto, calculado sobre los ingresos brutos obtenidos por los operadores, tanto nacionales como extranjeros, siempre que los usuarios estén domiciliados en Colombia. Asimismo, se fijó una tarifa general del 19% para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares, manteniendo la cesión de una parte del recaudo a los departamentos.

El decreto también ajusta el tratamiento tributario de las importaciones de bajo valor. La exclusión del IVA para envíos por mensajería rápida se limitará a compras inferiores a 50 dólares, reduciendo el umbral anterior y ampliando la base gravable del comercio electrónico internacional.

En materia patrimonial, el Gobierno modificó el impuesto al patrimonio para el año gravable 2026. El nuevo esquema reduce el umbral de entrada a 40.000 UVT y establece tarifas progresivas para los patrimonios más altos, ampliando el universo de contribuyentes. De forma paralela, el sector financiero enfrentará una carga adicional: se creó una sobretasa de 15 puntos al impuesto de renta, lo que eleva la tarifa total al 50% para las entidades financieras, con un anticipo del 100% calculado sobre el impuesto del año anterior.

El consumo de bienes considerados de lujo también será objeto de nuevos gravámenes. Automóviles de alta gama, motocicletas de alto cilindraje, embarcaciones, yates y aeronaves estarán sujetos a un impuesto nacional al consumo del 19%. En el caso del tabaco, cigarrillos, vapeadores y dispositivos electrónicos, el decreto amplía el hecho generador y aumenta las tarifas, tanto específicas como porcentuales.

Otra de las medidas centrales es la creación de un impuesto temporal del 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón, que se causará en el momento de la primera venta o exportación. El decreto establece las reglas para su liquidación, pago y control, funciones que estarán a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como disposiciones especiales sobre el tratamiento de regalías para evitar distorsiones en la base gravable.

Finalmente, el paquete incluye alivios temporales para facilitar el cumplimiento tributario. Se habilitan reducciones de sanciones e intereses moratorios para contribuyentes con obligaciones en mora que se pongan al día dentro de los plazos definidos, así como mecanismos de normalización y corrección de declaraciones, con el propósito de incentivar el pago voluntario y generar recaudo inmediato.

Con este decreto, el Gobierno busca cerrar el año dejando en firme un marco tributario excepcional que marcará la agenda económica de 2026 y que ya anticipa un intenso debate político y jurídico sobre su alcance, impacto en los hogares, el sector productivo y la estabilidad fiscal del país.