El Gobierno Nacional, a través de un comunicado de la Cancillería, reconoció el informe presentado por la ONU, en el que hacía responsable a la Fuerza Pública de 28 asesinatos en protestas de 2021.

«De la información recopilada y analizada por la Oficina, existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en 28 casos los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública, y que, en al menos 10 de estos casos podrían estar vinculados miembros del ESMAD», indicó la ONU en un documento.

Ante esta información, la Cancillería expresó que «duelen estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación».

Además, indicó que el Gobierno reitera su respaldo al derecho a la reunión pacífica y condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales.

«La política de cero tolerancia a casos de abuso de la fuerza pública no es retórica, se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas», puntualizó.

Este es el comunicado completo:

El Ministerio de Relaciones Exteriores recibe con el mayor sentido de responsabilidad el documento publicado en la fecha por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) titulado “El Paro Nacional 2021: Lecciones Aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”, mediante el cual se aborda la situación de derechos humanos en el país, con ocasión del Paro Nacional acontecido entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021.

En su análisis de lecciones aprendidas, la OACNUDH reconoce que Colombia cuenta con un marco jurídico robusto en materia de protección al derecho de reunión pacífica; la política inequívoca de “cero tolerancia con los abusos de la Fuerza Pública” reiterada por el Señor Presidente de la República y la Señora Vicepresidenta y Canciller; la celebración de los diálogos del orden nacional y regional; así como la instalación y funcionamiento de la Mesa Nacional para la Evaluación de las Garantías de Manifestaciones Públicas, creada con el fin hacer seguimiento y emitir recomendaciones para garantizar la protesta pacífica.

Asimismo, la OACNUDH celebra otras medidas como el despliegue en todas las regiones del país del Ministerio Público durante las protestas; la decisión de autorizar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país; la ampliación del ingreso solidario; la aplicación de una matrícula “cero costo” para establecimientos universitarios públicos; y la creación de una Dirección de Derechos Humanos adscrita a la Dirección General de la Policía Nacional.

En lo concerniente al esclarecimiento de los delitos denunciados con ocasión de las protestas, la OACNUDH destaca la resolución del Fiscal General de la Nación, de fecha 31 de mayo de 2021, que establece que la justicia ordinaria es la competente para investigar los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de las jornadas de Paro Nacional; así como también la designación de más de 35 equipos especiales en todo el territorio nacional, para adelantar las investigaciones en contexto, privilegiando aquellas situaciones de mayor afectación a la población civil.

Igualmente, la OACNUDH se refiere a los avances logrados por parte de la Fiscalía General de la Nación, respecto a las muertes relacionadas con las jornadas de protesta social y que, en un alto porcentaje, ya cuentan con avances en el esclarecimiento de los hechos. De igual forma, se priorizó la investigación de 278 casos de presunto abuso de autoridad y lesiones personales.

En atención a lo planteado, el Gobierno Nacional reitera su respaldo al derecho a la reunión pacífica y condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales. Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación. A su vez y coherente con su posición de respeto y garantía de los derechos humanos, el Estado está llamado a desplegar todas las acciones necesarias para proteger a su población, por lo que rechaza todo acto violento que desnaturaliza el ejercicio pacífico de la protesta y que pone en riesgo la vida, integridad y libertad de nuestros ciudadanos, así como la estabilidad económica e institucional de nuestro país.

La política de cero tolerancia a casos de abuso de la fuerza pública no es retórica, se traduce en medidas efectivas de prevención de esos casos, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas. Por ello es indispensable resaltar la integralidad del proceso de transformación de la Policía Nacional iniciado hace más de un año, que se basa en la innovación, la transparencia y el respeto por los derechos humanos, el cual potencializa su rol fundamental como cuerpo civil al servicio de la protección y seguridad de los ciudadanos. Dos proyectos de ley que hacen parte de este proceso, están a punto de convertirse en ley de la República para elevar el nivel de profesionalización de los agentes, así como fortalecer el régimen disciplinario.

Asimismo, en el marco del respeto y la comprensión mutua, el Gobierno reitera su talante dialógico para tramitar las demandas ciudadanas, con enfoque territorial y con especial énfasis en grupos étnicos, mujeres y jóvenes.

El Gobierno Nacional es consciente de los retos que enfrenta para superar la pobreza extrema, los factores de violencia y la garantía de los derechos fundamentales. Con este propósito ha diseñado y puesto en marcha un conjunto de políticas públicas tendientes a concretar el goce de las garantías ciudadanas, para lo cual, el Gobierno espera continuar contando con el constante apoyo y cooperación de la OACNUDH.