Desde el barrio Cevillar, en el sur de Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lanzó una contundente declaración que marca un nuevo capítulo en la crisis energética de la región Caribe: el Gobierno Nacional no asumirá la deuda de 2 billones de pesos que la empresa Air-e acumuló con generadoras de energía antes de su intervención por parte del Estado.

Durante el evento donde se ratificó una alianza estratégica entre Air-e Intervenida, el Ministerio de Minas y Energía y Undeco para promover proyectos solares en sectores populares, el ministro Palma aclaró que esta millonaria deuda no fue generada bajo la administración actual, sino que corresponde a obligaciones contraídas por los antiguos dueños de la empresa antes de que fuera tomada por la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre de 2024.

“Si este Gobierno no hubiese intervenido a tiempo, esta región ya estaría en un apagón total. Pero lo que está claro es que las deudas previas a la intervención —cerca de $2 billones— no le corresponden al Estado. Esa es una carga que deben asumir los anteriores propietarios de Air-e”, afirmó el jefe de la cartera energética.

Generadoras alertan sobre impacto en el sistema

El pronunciamiento del ministro Palma responde a las advertencias que han hecho generadoras y gremios del sector energético, quienes han alertado que la falta de pago por parte de Air-e podría generar un colapso financiero que afecte a todo el sistema interconectado nacional.

Sin embargo, el Gobierno insiste en que no tiene responsabilidad legal ni presupuestal sobre esas deudas, y que priorizará los recursos para fortalecer la transición energética y garantizar el servicio a los usuarios.

Críticas a la gestión privada de Air-e

En su intervención, Palma fue más allá y señaló que los anteriores dueños de Air-e no solo dejaron una deuda millonaria, sino que, además, habrían utilizado los cobros por la “opción tarifaria” como respaldo para endeudarse aún más, agravando la situación financiera de la compañía y afectando directamente a los usuarios.

“No solo les cobraron a los usuarios los saldos pendientes de la opción tarifaria —esos pagos diferidos durante la pandemia— sino que tomaron préstamos con base en esa expectativa de ingresos. Es decir, endeudaron aún más la empresa sobre una deuda ya existente. Eso fue un doble golpe a los ciudadanos”, denunció el ministro.

¿Y ahora qué?

La declaración del Gobierno cierra la puerta a cualquier posibilidad de rescate financiero estatal para cubrir las obligaciones heredadas, dejando la pelota en manos de los anteriores propietarios de Air-e y de las entidades financieras involucradas.

Mientras tanto, la intervención continúa, y la empresa bajo administración especial busca estabilizar sus operaciones, ampliar la cobertura de energía renovable y mejorar el servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Esta postura también refuerza el mensaje del Ejecutivo de que no se permitirá que el Estado siga absorbiendo las consecuencias de malos manejos privados. Desde LaVibrante.com seguiremos informando los avances de esta crisis energética que sigue siendo uno de los principales desafíos en la región Caribe.