El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, presentó el primer borrador del proyecto de ley que busca convocar e iniciar el trámite de una Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de reformar la actual Constitución de 1991 y dar paso a lo que denomina una “nueva Constitución del cambio social”.

El documento, compuesto por 23 páginas, fue presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien argumentó que el Congreso de la República representa un “bloqueo institucional” que frena las principales reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Según Montealegre, esta situación refleja una crisis estructural del Estado colombiano que requiere una transformación profunda.

El proyecto propone la creación de una Asamblea Nacional Constituyente integrada por 71 delegatarios, hombres y mujeres en igualdad de representación, que serán los encargados de redactar la nueva carta política. Además, contempla que el presidente Gustavo Petro reciba facultades extraordinarias por un periodo de seis meses para expedir decretos con fuerza de ley que definan los criterios y requisitos para elegir a los delegatarios.

Montealegre defendió la iniciativa señalando que solo una Asamblea “plural, diversa y soberana” puede renovar el pacto social del país y garantizar la consolidación de la paz total, la justicia social y la protección del medio ambiente. “La Constitución es un cuerpo vivo que debe adaptarse a los cambios sociales, políticos e históricos. No se trata de destruirla, sino de actualizarla para hacerla más justa y equitativa”, afirmó el ministro.

Dentro de los argumentos del Gobierno para promover esta Asamblea se destacan las dificultades para garantizar derechos fundamentales, la falta de avances en reformas estructurales como la del trabajo y la salud, y el debilitamiento de la confianza ciudadana en las instituciones. El proyecto también plantea una reforma al Congreso de la República, la creación de un nuevo estatuto del trabajo, una reestructuración del Sistema de Seguridad Social, y la ampliación de derechos en materia de vivienda, autonomía indígena, campesinado y protección ambiental.

En el ámbito económico, se propone otorgar al presidente facultades reglamentarias especiales para coordinar acciones con el Banco de la República, bajo la vigilancia de la Corte Constitucional.

Finalmente, el texto establece que los colombianos serán quienes decidan en las urnas si aprueban la convocatoria de la Asamblea y si autorizan reformar total o parcialmente la Constitución. La Corte Constitucional tendrá la tarea de revisar todo el proceso para garantizar su legalidad y transparencia.

Con este proyecto, el Gobierno abre oficialmente el debate sobre una posible transformación del marco constitucional colombiano, una propuesta que promete generar amplias discusiones políticas, sociales y jurídicas en los próximos meses.