El Ministerio de Minas y Energía confirmó este martes que, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, se han habilitado recursos por $184.000 millones para cubrir los saldos pendientes de los subsidios de energía en las zonas no interconectadas del país. Entre las regiones beneficiadas se encuentran Chocó, Nariño, Cauca, La Guajira, Guaviare, Amazonas, Vaupés, San Andrés, Guainía y Vichada, este último gravemente afectado por un apagón que dejó sin servicio a más de 45.000 habitantes de Puerto Carreño.
Normalización del servicio en Puerto Carreño
En el caso de Vichada, el Ministerio informó que este martes, 7 de enero, se restablecerá el servicio de energía en Puerto Carreño. Adicionalmente, se destinaron $6.257 millones a Electrovichada, la empresa encargada de la prestación del servicio, para garantizar su operación. Las autoridades también anunciaron que se vigilará de cerca el uso de estos recursos, asegurando que se inviertan de manera adecuada en la continuidad del suministro energético.
Medidas estructurales para una solución duradera
El Ministerio de Minas destacó que está trabajando en medidas estructurales para mejorar la prestación del servicio de energía en Vichada y otras regiones similares. Estas iniciativas incluyen la modernización de la infraestructura eléctrica, la transición energética y la implementación de soluciones fotovoltaicas para reducir la dependencia de combustibles fósiles en la generación de electricidad.
Una apuesta por la sostenibilidad energética
Las zonas no interconectadas del país enfrentan retos históricos en el suministro de energía, lo que ha llevado al Gobierno a priorizar soluciones sostenibles. Según el Ministerio, estas iniciativas no solo buscan garantizar el acceso continuo a la electricidad, sino también avanzar hacia una generación más limpia y amigable con el medio ambiente.
Impacto nacional del subsidio
El anuncio del Gobierno marca un paso significativo para estabilizar el servicio eléctrico en las regiones más vulnerables del país. Con los recursos asignados, se espera que las empresas proveedoras puedan cumplir con sus compromisos operativos y, al mismo tiempo, avanzar en la implementación de soluciones a largo plazo para las comunidades afectadas.
Esta medida reafirma el compromiso del Gobierno con la equidad energética y el bienestar de los habitantes de las zonas más apartadas del territorio colombiano.
