Estatales se aliaron para conformar una red extorsiva. En vez de combatir la criminalidad, estaban fomentándola. Estos sujetos unieron fuerzas para crear montajes judiciales por graves delitos como narcotráfico y testaferrito contra. Así, posteriormente, se acercaban a las víctimas para hacerles exigencias económicas a cambio de supuestamente no judicializarlos.

La red, radicada en Pasto, Nariño, estaba conformada por dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, dos funcionarios de la Unidad de Protección (UNP) y un contratista de la Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar).

Las extorsiones fueron denunciadas en julio de 2022. Las víctimas manifestaron que los funcionarios las contactaron y les afirmaron tener la capacidad de desaparecer los expedientes en su contra a los cuales denominaban “trabajos de la Fiscalía”. Los presuntos extorsionistas decían que las investigaciones estaban a cargo de fiscales de Cali y Bogotá.

Los funcionarios pedían entre 400 y 1.000 millones de pesos para archivar los expedientes. De acuerdo con la investigación adelantada por la propia Fiscalía, así funcionaba la red: “Los agentes del CTI serían quienes solicitaban a los funcionarios de la UNP organizar los montajes, con la toma de fotografías y videos de seguimientos de las personas investigadas, quienes eran citadas en establecimientos comerciales para hablar sobre los temas judiciales”.

Las víctimas aportaron audios y videos que sirvieron de pruebas para capturar a los funcionarios. Fue así como, tras varios meses de seguimiento y pesquisas, los funcionarios involucrados fueron capturados en Pasto. En los operativos les incautaron un computador portátil, tablets, armas de fuego, copias de procesos judiciales, expedientes, tarjetas decadactilares y teléfonos celulares.