Este miercoles el gobierno de Francia anunció la creación de una agencia para combatir la manipulación informativa procedente del extranjero y las noticias falsas que pretenden “socavar el Estado”, dijo el jefe de este servicio, Stéphane Bouillon, ante el Parlamento.

Bouillon declaró ante la comisión de defensa de la Asamblea Nacional que la iniciativa “no trata de corregir o establecer la verdad”, sino de identificar los ataques que proceden “de un país o de una organización extranjera que pretende desestabilizar políticamente al Estado”.

Añadio que la agencia sera de ayuda a “los políticos, los diplomáticos, la judicatura y la prensa a darse cuenta de que, de los 400.000 tuits sobre tal o cual noticia, 200.000 proceden de una granja de bots (cuentas automáticas) de una región extranjera o que un determinado debate procede de una granja de trolls”.

Esta medida llega a menos de un año de las elecciones presidenciales en Francia.

Durante las últimas elecciones, en 2012, se atribuyó a grupos vinculados a Rusia un ataque masivo de piratería informática contra el partido del presidente centrista Emmanuel Macron, que se enfrentó en el balotaje a la ultraderechista Marine Le Pen.

El jefe de servicio insistió en que la nueva agencia francesa, que se pondrá en marcha en septiembre, no actuará como un servicio de inteligencia.

Sus actividades serán examinadas por un comité de ética cuyos miembros procederán de la judicatura, el cuerpo diplomático, los medios de comunicación y la comunidad investigadora, dijo.

La agencia seguridad nacional SGDSN seguirá de cerca las elecciones parlamentarias de septiembre en Alemania, con la esperanza de aprender de ellas.

En diciembre observará de cerca las redes sociales en diciembre, cuando el territorio francés de Nueva Caledonia en el Pacífico celebre su tercer referéndum de independencia, para ver “si hay países que tienen interés en que el resultado tome una dirección que no sea necesariamente la que los propios neocaledonios votarían”, dijo Bouillon.

Fuentes de seguridad informarón que el gobierno ya había puesto a prueba el proyecto tras el asesinato del profesor Samuel Paty, en octubre de 2020, a manos de un islamista.