La Fiscalía General de la Nación solicitó una condena de 108 meses de prisión, es decir, 9 años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes —equivalente a más de $1.023 millones de pesos— contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que fuera declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

El fallo fue dictado el pasado 28 de julio por la juez 44 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, quien consideró que la Fiscalía logró demostrar que Uribe participó en un plan para manipular testigos en procesos judiciales que lo vinculaban con grupos paramilitares.

La sentencia corresponde a una decisión en primera instancia, por lo que la defensa del exmandatario aún puede apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. No obstante, la solicitud formal de la Fiscalía da una idea clara del castigo que considera adecuado para el exjefe de Estado.

El próximo viernes 1 de agosto, el proceso continuará con la definición del monto definitivo de la pena y la evaluación de posibles beneficios judiciales o subrogados penales.

Este caso, que ha captado la atención nacional e internacional, se remonta al año 2012 cuando el propio Álvaro Uribe interpuso una denuncia contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de exparamilitares. Sin embargo, la Corte Suprema archivó esa denuncia y, por el contrario, abrió una investigación en contra de Uribe por presunta manipulación de testigos, dando inicio a una compleja trama judicial que, más de una década después, desemboca en este histórico fallo.

La condena al expresidente, la primera en Colombia contra un exmandatario por delitos de esta naturaleza, marca un precedente significativo en el país y sigue generando repercusiones políticas, jurídicas y sociales en todo el territorio nacional.