Un juzgado penal ordenó la captura del empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, director de Poligrow en Colombia, y de varias personas señaladas por la Fiscalía y la Policía de integrar una presunta organización criminal dedicada a cometer delitos ambientales en el sur del país.

De acuerdo con la investigación, Vigna Taglianti, ciudadano italiano de 60 años y cabeza de la multinacional italoespañola Poligrow, habría tenido un papel central dentro de una estructura señalada de deforestar más de 52.000 hectáreas entre 2008 y 2026 en áreas cercanas a parques nacionales como Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos.

Las autoridades también investigan presuntos delitos de ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Según los investigadores, las actividades ilegales habrían permitido la construcción de 68 kilómetros de vías no autorizadas en esta zona del país.

En los operativos adelantados por el CTI de la Fiscalía y la Policía fueron capturadas varias personas en Casanare, Meta, Santander y Bolívar. Entre los detenidos figuran Andrés Enrique Fonseca Romero, Eduardo Santos Leguizamo, Liliana Edith Bustos Méndez, Sandra Milena Ladino Ramírez, Leonardo Alexis Rondón Sáenz, Eiby Lucía Rodríguez Lara, Jorge Iván Duque Lenis, exalcalde de Mapiripán, Jaime Romero Romero, John Humberto Rodríguez Gómez y Jorge Avendaño Rodríguez.

También fueron detenidos cinco familiares del congresista William Aljure Peña: sus hermanos Tufik, Vadit, Anafda y Loris Aljure Peña, además de Dumar Gontran Aljure Martínez. Según la investigación, ellos son nietos de Dumar Aljure Moncaleano, antiguo comandante de las guerrillas liberales de los Llanos durante la década de 1950.

El caso tiene como eje el predio Santa Ana, una extensa tierra baldía de aproximadamente 120.000 hectáreas que habría sido entregada en 1953 a Dumar Aljure Moncaleano tras su amnistía durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Según la hipótesis de las autoridades, estos terrenos habrían sido ocupados, fragmentados y transferidos a terceros para facilitar su explotación económica.

La Fiscalía sostiene que la presunta red funcionaba mediante poseedores de tierras, intermediarios, funcionarios locales, compradores y empresas vinculadas a proyectos agroindustriales. Los investigadores describen este esquema como un posible “carrusel de tierras”, en el que los predios pasaban por diferentes manos hasta quedar incorporados a modelos de explotación ganadera y palmicultora.

De acuerdo con la investigación, la familia Aljure habría actuado como poseedora histórica del predio Santa Ana, mientras que Carlo Vigna Taglianti y sociedades relacionadas con Poligrow habrían aportado capital, infraestructura y capacidad empresarial para desarrollar actividades productivas en la zona.

Las autoridades aseguran que informes del Ideam identificaron 624 polígonos de deforestación entre 2020 y 2023 en el megapredio Santa Ana. Según los investigadores, las zonas afectadas correspondían originalmente a bosque natural y sabanas que luego fueron transformadas para actividades de ganadería extensiva y cultivos de palma de aceite.

Carlo Vigna Taglianti ya había enfrentado un proceso judicial anterior y fue absuelto en 2017 por un caso relacionado con presunto despojo de tierras en Mapiripán. En ese momento, el juez consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para condenarlo.

Ahora, el empresario y los demás señalados deberán comparecer nuevamente ante la justicia. La Fiscalía presentará las pruebas ante un juez de control de garantías para avanzar en la imputación de cargos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados en uno de los casos ambientales más grandes investigados recientemente en Colombia.