La situación jurídica de Alexander Díaz Mendoza continúa generando debate en Colombia luego de que la Fiscalía General de la Nación decidiera mantener suspendida, por ahora, la orden de captura en su contra, en medio de las tensiones entre el proceso de paz y las investigaciones por presuntos delitos recientes.

La decisión se tomó tras una reunión entre la fiscal general Luz Adriana Camargo y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, en la que no se logró un acuerdo definitivo sobre la reactivación de la medida judicial.

El jefe insurgente, quien forma parte del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes, mantiene el beneficio de suspensión de captura en el marco de la política de “paz total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, este beneficio se encuentra bajo revisión debido a nuevas evidencias que lo vincularían con actividades delictivas posteriores a su designación como vocero en los diálogos.

Según fuentes judiciales, el ente acusador decidió extender la suspensión por al menos 15 días adicionales mientras se adelanta un análisis más detallado sobre el cumplimiento de los compromisos exigidos a los negociadores en procesos de paz. Entre los aspectos evaluados se encuentran posibles violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en regiones como Guaviare.

La Fiscalía también anunció la implementación de una nueva metodología de seguimiento para verificar si los integrantes de grupos armados que participan en negociaciones están cumpliendo con los requisitos legales, como el cese de actividades criminales, condición clave para mantener beneficios jurídicos.

Este caso se ha convertido en uno de los puntos más sensibles dentro de la política de paz del Gobierno, ya que una eventual reactivación de la orden de captura podría afectar las conversaciones en curso con las disidencias de las antiguas Farc. Al mismo tiempo, sectores institucionales han advertido que mantener la suspensión sin garantías claras podría debilitar la credibilidad del proceso.

Mientras tanto, la situación de alias Calarcá sigue en estudio y será definida en una próxima mesa de trabajo entre las autoridades judiciales y el Gobierno, en un escenario donde convergen la justicia, la seguridad y los avances —o tensiones— de la estrategia de paz en Colombia.