“Tenemos abiertas tres líneas de investigación, estamos realizando las diligencias correspondientes, el caso avanza y esperamos poder tomar decisiones al respecto en un futuro cercano, aunque probablemente no será la próxima semana”, explicó Camargo.
Las investigaciones se iniciaron el 13 de agosto, luego de que en un allanamiento realizado en el sur de Bogotá, las autoridades descubrieran una maqueta del Palacio de Justicia, junto con explosivos y cartuchos. Desde entonces, las alarmas se encendieron y las autoridades judiciales y de seguridad han adoptado medidas preventivas.
Entre las acciones implementadas se incluye un refuerzo del personal de seguridad en los alrededores del edificio y controles estrictos para el ingreso y salida de personas y vehículos.
En respuesta a la amenaza, los presidentes de las Altas Cortes emitieron un comunicado conjunto en el que exigieron garantizar la seguridad de todas las sedes judiciales del país. “La justicia no puede ser avasallada por mensajes, declaraciones o comunicados que representen intereses particulares o de grupos que busquen presionar decisiones, ni desconocer la obligatoriedad de los fallos judiciales, ni pretender ver en ellos intereses distintos a la defensa de la Constitución y las leyes de la República”, señalaron.