El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos tomó un giro inesperado luego de que el Departamento de Justicia ajustara uno de los ejes centrales de su acusación. Según reveló The New York Times, la fiscalía reconoció que el denominado Cartel de los Soles no opera como una organización criminal estructurada ni como un grupo terrorista formal, sino que corresponde a una expresión utilizada de manera coloquial para describir prácticas de corrupción dentro de sectores del poder venezolano.

Esta admisión representa un cambio significativo frente a la narrativa sostenida durante años por las autoridades estadounidenses, que señalaban a Maduro como líder de una supuesta red jerárquica de narcotráfico. El ajuste ocurre en un momento clave del juicio y obliga a los fiscales a replantear su estrategia jurídica para sostener los cargos contra el exmandatario venezolano.

El reconocimiento de que el Cartel de los Soles no existe como organización criminal formal ha reavivado críticas sobre la justificación de la intervención militar estadounidense en Venezuela. Sectores opositores al gobierno de Donald Trump sostienen que la acusación fue utilizada como argumento político y legal para una acción con objetivos distintos a la lucha contra el narcotráfico, entre ellos el control de los recursos energéticos venezolanos.

De hecho, tras la captura de Maduro, Trump modificó su discurso público. En declaraciones a medios estadounidenses, dejó de mencionar al Cartel de los Soles y afirmó abiertamente que Estados Unidos necesita acceso total al petróleo de Venezuela, una afirmación que intensificó el debate sobre las verdaderas motivaciones detrás de la operación.

La acusación contra Maduro se remonta a 2020, cuando un gran jurado lo señaló como cabeza de una estructura dedicada al tráfico de cocaína. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la tesis fue reforzada. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro retomó el expediente y calificó al Cartel de los Soles como organización terrorista, decisión que en noviembre del mismo año fue replicada por el Departamento de Estado, elevando la presión diplomática y judicial.

Sin embargo, investigaciones recientes y análisis de expertos en crimen organizado han puesto en entredicho esa definición. El término Cartel de los Soles, acuñado por la prensa venezolana en la década de 1990, hacía referencia a generales y funcionarios señalados de permitir o beneficiarse del paso de droga, pero no describía una organización con mando único, estructura operativa ni carácter terrorista comparable al de otros carteles internacionales.

Ante este escenario, la fiscalía estadounidense optó por reformular su enfoque. En lugar de insistir en la existencia de un cartel como ente terrorista, ahora busca demostrar que en Venezuela operó durante años un sistema clientelar basado en corrupción, en el que recursos provenientes del narcotráfico habrían sido utilizados para asegurar lealtades políticas y militares.

Con esta nueva línea argumentativa, el caso se centra en la corrupción estatal y en el uso ilícito de recursos, un terreno jurídico distinto y menos dependiente de la figura de una organización criminal formal. El cambio, aunque mantiene viva la acusación contra Maduro, representa un golpe a la solidez de la narrativa inicial y abre un nuevo capítulo en un juicio que sigue generando repercusiones políticas y diplomáticas a nivel internacional.