La Fiscalía de Bolivia ordenó la aprehensión del expresidente Evo Morales, de 65 años, en el marco de un escándalo relacionado con el presunto abuso de una menor durante su mandato (2006-2019). La fiscal Sandra Gutiérrez anunció este lunes que el proceso judicial incluye acusaciones por el delito de “trata de personas agravado” y precisó que la pena asociada podría oscilar entre 10 y 15 años de prisión.

“Corresponde emitir un mandamiento de aprehensión, situación que mi autoridad lo hizo”, indicó Gutiérrez en conferencia de prensa, detallando que la orden fue emitida el pasado 16 de octubre. Sin embargo, no fue revelada hasta ahora debido a la complejidad del caso y a la implicación de un exmandatario.

El proceso contra Morales surge a raíz de una denuncia de 2015, cuando aún estaba en funciones. Según la Fiscalía, Morales habría mantenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016. La tesis del Ministerio Público apunta a que los padres de la menor permitieron su participación en la “guardia juvenil” promovida por Morales con el fin de obtener beneficios y ascender políticamente, situación que configura el delito de trata.

Operativos frustrados

Gutiérrez explicó que, pese a los operativos realizados, no se ha logrado ejecutar la orden de captura contra Morales, quien actualmente se encuentra refugiado en el Chapare cocalero, su principal bastión político. La fiscal señaló que las recientes movilizaciones y bloqueos de carreteras liderados por simpatizantes del exmandatario dificultaron las acciones policiales.

“Fue imposible proceder con la ejecución de la orden de aprehensión contra este ciudadano, ya que, durante los bloqueos nacionales organizados por grupos afines a Morales, muchos funcionarios policiales fueron víctimas de agresiones e incluso de intentos de homicidio”, afirmó.

La fiscal también denunció que la situación de inestabilidad social puso en riesgo la vida tanto de los efectivos como de la población civil involucrada.

Imputación formal y antecedentes

Además de la orden de captura, la Fiscalía emitió una “imputación formal” contra Evo Morales y la madre de la presunta víctima. En 2020, el caso había sido investigado bajo la figura de “estupro” —relación con menores entre 14 y 18 años—, pero la acusación actual se centra en la trata de personas.

Este es el segundo intento de la Fiscalía por lograr la captura de Morales. En septiembre, Gutiérrez emitió una orden similar que fue anulada tras un recurso judicial presentado por la defensa del expresidente.

Morales denuncia persecución

El líder cocalero ha rechazado las acusaciones en reiteradas ocasiones, calificándolas como parte de un “lawfare” orquestado por el gobierno de Luis Arce. Morales, quien aspira a ser candidato en las elecciones presidenciales de 2025, aseguró que el proceso judicial busca inhabilitarlo políticamente.

“Esta es una maniobra para proscribirme de las elecciones. Es una persecución judicial promovida por el gobierno de Arce”, afirmó Morales en declaraciones anteriores.

El escenario político en Bolivia continúa convulsionado, con tensiones crecientes entre los seguidores de Morales y el gobierno actual, mientras las investigaciones en torno al caso avanzan.