El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá comparecer el próximo 24 de julio ante la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación que busca establecer posibles responsabilidades en hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, Antioquia, durante la década de los noventa, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

La citación fue confirmada por el propio exmandatario a través de sus redes sociales, donde manifestó su inconformidad con el proceso judicial al considerar que la diligencia fue programada sin que previamente se hubieran practicado algunas pruebas que, según él, habían sido decretadas por el ente investigador. Uribe calificó la decisión como una actuación que vulnera sus garantías procesales.

La investigación formal fue anunciada recientemente por la Fiscalía y está relacionada con presuntos vínculos entre estructuras paramilitares que operaban en Antioquia y hechos ocurridos durante el periodo en que Álvaro Uribe ejerció como gobernador del departamento entre 1995 y 1997.

De acuerdo con las autoridades judiciales, el proceso busca esclarecer circunstancias relacionadas con la conformación y actuación de grupos armados ilegales en la región, especialmente en zonas rurales de Ituango, donde se registraron las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, hechos que dejaron un saldo de 19 personas asesinadas, además de desplazamientos forzados y graves afectaciones a la población civil.

La Fiscalía investiga presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Según la hipótesis que analiza el ente acusador, existirían elementos que buscan determinar si hubo acciones u omisiones que facilitaron la actuación de grupos paramilitares en distintas zonas de Antioquia durante aquellos años.

Uno de los puntos que forma parte de la investigación está relacionado con testimonios recopilados durante diferentes procesos judiciales en los que se ha mencionado la presunta utilización de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, como lugar de operación o apoyo logístico de estructuras armadas ilegales. El exmandatario ha rechazado de manera reiterada estas acusaciones y ha sostenido que nunca tuvo vínculos con organizaciones paramilitares.

El expediente también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998. Valle había denunciado públicamente la presencia de grupos paramilitares en Antioquia y cuestionado la respuesta de las autoridades frente a las masacres ocurridas en Ituango. Su labor como presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia lo convirtió en una de las voces más visibles en la denuncia de la violencia que afectaba a la región.

La masacre de La Granja fue perpetrada en junio de 1996 y dejó cuatro personas asesinadas, además del desplazamiento de numerosas familias. Un año después, en octubre de 1997, ocurrió la masacre de El Aro, donde paramilitares asesinaron a 15 habitantes del corregimiento, generando una de las mayores crisis humanitarias registradas en esa zona del norte antioqueño.

El caso ha permanecido durante años en diferentes instancias judiciales y ha sido objeto de múltiples investigaciones, testimonios y pronunciamientos nacionales e internacionales. Ahora, con la apertura formal de esta nueva etapa procesal, la Fiscalía busca avanzar en la recopilación de pruebas y en la determinación de eventuales responsabilidades.

Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes del país, ha insistido en su inocencia frente a las acusaciones y ha manifestado su disposición de comparecer ante las autoridades judiciales para ejercer su defensa.

La diligencia prevista para el próximo 24 de julio marcará un nuevo capítulo en uno de los procesos más sensibles y complejos relacionados con el conflicto armado colombiano y la actuación de grupos paramilitares en Antioquia durante los años noventa.