Una comisión del FBI visitó recientemente Antioquia para analizar la posibilidad de solicitar la extradición de los responsables del ataque al helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, nordeste del departamento, donde 13 uniformados fueron asesinados.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, confirmó que la comisión estadounidense llegó al país debido a que la aeronave afectada hace parte del inventario del gobierno de Estados Unidos. “Precisamente están verificando si solicitan órdenes de extradición para los integrantes del frente 36 que generaron la afectación tanto a nuestros policías como al helicóptero”, explicó el oficial.

La visita coincidió con la gira de alcaldes colombianos en Estados Unidos para gestionar apoyos frente a una posible descertificación en materia antidrogas. En ese contexto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a las autoridades norteamericanas intervenir en el caso y acelerar la extradición de los responsables, dado que la nave destruida pertenecía originalmente a ese país.

El atentado ocurrió el pasado 21 de agosto en zona rural de Amalfi. Inicialmente se manejaron hipótesis que señalaban al Clan del Golfo y al ELN, pero tanto la Gobernación como el Ministerio de Defensa confirmaron con base en inteligencia que los autores fueron las disidencias del frente 36 de las Farc, al mando de alias Calarcá.

En el marco de los operativos posteriores, la Policía reportó la muerte de alias Guillermino y alias Román, además de otros dos integrantes del grupo armado presuntamente implicados en el asesinato de los 13 uniformados. Posteriormente, en el barrio Loreto de Medellín, fueron instalados cinco artefactos explosivos en una torre de energía de EPM. Horas después, las autoridades capturaron a un presunto integrante de las redes de apoyo del frente 36, conocido con los alias de ‘Tío’ o ‘Sastre’, señalado de fabricar uniformes, adquirir explosivos y realizar otras actividades logísticas para la estructura criminal.

Por información sobre alias Primo Gay, cabecilla de las disidencias del frente 36 de las Farc, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín ofrecen una recompensa de hasta 200 millones de pesos. Con esta colaboración entre Colombia y Estados Unidos se busca acelerar la judicialización de los responsables y desmantelar las estructuras armadas que operan en la región.