Han pasado 17 meses desde la muerte de la patrullera María Alejandra Guerrero Montiel y su familia todavía no tiene una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió aquella madrugada de abril de 2025 en Barranquilla.

José Guerrero, padre de la uniformada, volvió a pedirle a la Fiscalía que avance en la investigación y cuestionó que durante este tiempo hayan pasado seis fiscales por el caso. Para la familia, cada cambio ha significado volver a explicar los hechos y revisar nuevamente las pruebas.

María Alejandra murió el 28 de abril de 2025 después de caer desde el quinto piso de un apartamento del conjunto residencial Vipa Azul, en el sector Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. En ese momento se encontraba con el subintendente Andrés Alfonso Castro Gómez.

La hipótesis de suicidio ha sido cuestionada desde el comienzo por sus familiares, quienes sostienen que existen elementos que deben ser analizados antes de cerrar el caso.

Seis fiscales han pasado por la investigación

José Guerrero considera que los cambios constantes de fiscal han terminado afectando el avance del proceso.

Según su denuncia, han sido seis los funcionarios que han asumido la investigación en los últimos 17 meses. Cada nuevo fiscal, asegura, debe familiarizarse nuevamente con un expediente que ya lleva un largo recorrido.

El padre de María Alejandra sostiene que la Fiscalía ya tendría elementos suficientes para tomar decisiones dentro del proceso y pidió que no se siga prolongando una investigación que, en su opinión, debería mostrar resultados concretos.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, el proceso continúa en etapa de recolección y análisis de evidencias y, al momento del reporte, la familia afirmaba que no había un fiscal formalmente asignado después de la salida del último funcionario en agosto.

La familia no acepta la hipótesis de suicidio

Desde el comienzo, los familiares de María Alejandra han rechazado que la joven haya decidido quitarse la vida.

José Guerrero sostiene que algunos hallazgos forenses no encajan, según su interpretación, con esa hipótesis. Entre los elementos que ha mencionado están lesiones encontradas en el cuerpo y análisis relacionados con la caída desde el quinto piso.

En declaraciones anteriores, la familia también había señalado que Medicina Legal estableció que se trató de una muerte violenta, aunque eso por sí solo no determina si hubo un homicidio, un suicidio o un accidente. La investigación debe establecer qué ocurrió antes de la caída.

El padre insiste en que los informes forenses y las demás evidencias deben ser valorados en conjunto por la Fiscalía para determinar si hubo una agresión y quién podría ser responsable.

Cuestionan que el subintendente continúe activo

Otro de los reclamos de la familia está relacionado con Andrés Alfonso Castro Gómez, el subintendente que se encontraba con María Alejandra en el apartamento cuando ocurrió la caída.

José Guerrero cuestiona que el uniformado continúe vinculado a la Policía mientras avanzan las investigaciones. La familia sostiene que debería existir una medida que garantice que el proceso pueda avanzar sin posibles interferencias.

Hasta ahora, los señalamientos de la familia contra el subintendente hacen parte de la investigación y no constituyen una decisión judicial que establezca su responsabilidad por la muerte de María Alejandra.

También denuncian intimidaciones

A la incertidumbre por el avance del caso se suman denuncias de presuntas intimidaciones contra la familia.

José Guerrero aseguró que después del sepelio de su hija aparecieron grafitis en la bóveda donde fue enterrada, en Albania, La Guajira.

También relató que posteriormente personas que se movilizaban en motocicletas y vehículos con vidrios polarizados habrían rondado y tomado fotografías de viviendas relacionadas con la familia.

Ante esta situación, según su relato, algunos familiares tuvieron que trasladarse fuera del departamento por temor.

La familia espera que estos hechos también sean investigados y que se determine si tienen alguna relación con el proceso por la muerte de la patrullera.

La familia insiste en llegar hasta el final

María Alejandra Guerrero tenía poco más de 20 años y pertenecía a la Policía Nacional. Su muerte ocurrió en un caso que desde el primer momento estuvo rodeado de preguntas y que, 17 meses después, todavía no tiene una conclusión judicial.

José Guerrero asegura que continuará buscando respuestas y que no está dispuesto a aceptar que el caso quede archivado sin que se establezca qué ocurrió dentro del apartamento y qué pasó en los momentos previos a la caída.

La familia pide a la Fiscalía que defina el rumbo de la investigación, analice todas las pruebas disponibles y establezca si hubo o no responsabilidad penal.

Por ahora, la muerte de María Alejandra Guerrero continúa bajo investigación. La hipótesis de suicidio ha sido cuestionada por sus familiares, pero tampoco existe una decisión judicial que haya establecido que se trató de un homicidio. Será la investigación de las autoridades, con base en las pruebas, la que deberá determinar qué ocurrió aquella madrugada en Caribe Verde.