La Procuraduría General de la Nación absolvió de toda responsabilidad disciplinaria al exsecretario de Educación de Caldas y actual rector de la Universidad de Caldas, Fabio Arias, en el proceso que se adelantaba por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2022. Junto a Arias, otros siete funcionarios vinculados al caso también fueron exonerados.

La investigación surgió tras una supuesta demora en el inicio del servicio del PAE por parte de la administración departamental, la cual fue atribuida, en su momento, a decisiones tomadas durante la etapa de licitación. Según el expediente, Arias, en calidad de secretario de Educación, había acogido el concepto del comité evaluador y declarado no hábil a la unión temporal Alimentando a Caldas, adjudicando finalmente el contrato a Caldas Social. Esta decisión fue objetada, generando una acción de tutela por parte de uno de los proponentes que quedó por fuera del proceso.

“Me imputaron por haberme demorado 11 días en iniciar el servicio de alimentación escolar, pero quedó demostrado que no había forma de arrancar antes, porque una tutela suspendió el proceso por 13 días. Apenas se levantó la medida, retomamos el proceso y lo adjudicamos de inmediato. En Caldas siempre nos anticipamos a los tiempos del país”, explicó Fabio Arias, tras conocer el fallo.

El exfuncionario reiteró que bajo su gestión el departamento de Caldas inició procesos de contratación del PAE con varios meses de antelación al calendario escolar, evitando retrasos y garantizando el inicio oportuno del servicio a miles de estudiantes.

La Procuraduría concluyó que no hubo dolo ni negligencia por parte de Arias ni del comité evaluador de la época. El órgano de control determinó que las actuaciones se enmarcaron en la legalidad y fueron afectadas por circunstancias ajenas, como las medidas judiciales.

La decisión representa un alivio institucional para la Universidad de Caldas y para el propio Fabio Arias, quien ahora continúa liderando la rectoría con el respaldo de un fallo que reconoce su transparencia y capacidad de gestión durante su paso por el sector público.

Este caso refleja la importancia de actuar con rigor técnico y jurídico en los procesos de contratación pública, especialmente en programas sensibles como el de alimentación escolar, que impactan directamente la calidad de vida de los estudiantes.