Este viernes Colombia espera con atención el fallo definitivo en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno en actuación penal y fraude procesal. La lectura de la sentencia, a cargo de la jueza Sandra Liliana Heredia, se realizará a las 2:00 p. m., hora local, en una audiencia clave que podría marcar un nuevo capítulo en la historia judicial y política del país.

El caso, que ha estado en el centro del debate nacional durante varios años, podría derivar en una condena de entre cuatro y ocho años de prisión. No obstante, la jueza Heredia anticipó que, de ser hallado culpable, Uribe podría recibir prisión domiciliaria como medida sustitutiva. A pesar de ello, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, solicitó una pena más severa: nueve años de prisión y una multa superior a 1.458 millones de pesos.

La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, ya anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 11 de agosto, organismo que tiene hasta el 16 de octubre para emitir un pronunciamiento en segunda instancia. “La apelación es contra la sentencia y no contra el sentido del fallo”, explicó Granados.

El juicio ha generado reacciones fuera del país. Políticos estadounidenses como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart han cuestionado duramente el proceso, señalando que Uribe está siendo blanco de una “persecución judicial”. Rubio incluso aseguró en su cuenta de X que “el único delito del expresidente Uribe ha sido luchar y defender su patria”, y acusó a sectores de la justicia colombiana de actuar con sesgos ideológicos.

Estas declaraciones provocaron una fuerte respuesta por parte del presidente Gustavo Petro, quien calificó las críticas como una “intromisión en asuntos judiciales de otro país” y un atentado contra la soberanía nacional.

De igual forma, las víctimas acreditadas en el proceso, lideradas por el senador Iván Cepeda, denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las presiones externas provenientes de Estados Unidos, que, según señalaron, “ponen en riesgo la independencia del poder judicial colombiano y vulneran el debido proceso”.

La Corte Suprema de Justicia también se pronunció en defensa de la autonomía de los jueces y rechazó las interferencias extranjeras, alertando que las presiones pueden afectar tanto la credibilidad institucional como la seguridad de quienes administran justicia.

En medio de este panorama, Colombia espera la lectura del fallo con una mezcla de tensión y expectativa, en lo que podría ser una decisión judicial histórica con repercusiones tanto a nivel interno como internacional.