El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán fue llamado formalmente a juicio por la Fiscalía General de la Nación en el marco del escándalo relacionado con el proceso de licitación para la expedición de pasaportes, un caso que ha generado amplio debate en el país por sus implicaciones jurídicas y administrativas.

El ente acusador radicó el escrito de acusación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, señalando a Leyva como presunto responsable del delito de prevaricato por acción. Según la Fiscalía, durante su gestión como canciller habría tomado decisiones contrarias a la ley en el desarrollo del proceso contractual que buscaba adjudicar la producción de pasaportes en Colombia.

De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría expedido varios actos administrativos irregulares que llevaron a declarar desierta la licitación en 2023, a pesar de que existía un oferente que cumplía con los requisitos establecidos. Además, se le atribuye la terminación del contrato que estaba en curso con la empresa encargada del servicio, lo que derivó en una crisis en el sistema de expedición de pasaportes.

Durante etapas previas del proceso, Leyva se declaró inocente y decidió no aceptar los cargos imputados por la Fiscalía, postura que mantiene de cara al juicio que se adelantará ante la Corte Suprema.

El caso se produce en medio de cambios en el modelo de expedición de pasaportes en Colombia, donde el Gobierno ha impulsado una transición hacia un esquema estatal, lo que ha generado tensiones entre entidades públicas, operadores privados y organismos de control.

Álvaro Leyva, quien ocupó la Cancillería entre 2022 y 2024 durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha tenido una trayectoria política marcada por su participación en procesos de paz y distintos cargos públicos. Sin embargo, este proceso judicial representa uno de los momentos más complejos de su carrera, al enfrentar acusaciones que podrían tener consecuencias penales y administrativas.

La audiencia de acusación fue programada para las próximas semanas y estará a cargo de la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien deberá evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar si el caso avanza a una etapa de juicio formal.

Este proceso se suma a otros episodios que han rodeado el manejo del contrato de pasaportes en Colombia, un tema que ha estado en el centro de la agenda pública por su impacto en la prestación de servicios a los ciudadanos y por las decisiones adoptadas desde el Gobierno nacional.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Álvaro Leyva se convierte en un nuevo foco de atención en el escenario político y judicial del país, en un contexto donde la transparencia en la contratación pública y la responsabilidad de los funcionarios continúan siendo temas clave para la institucionalidad.