La Contraloría General de la República encendió las alarmas al revelar un panorama crítico en el sistema de salud colombiano, tras la publicación de un informe financiero que expone una crisis estructural en el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El documento advierte que la deuda acumulada de estas entidades por servicios prestados asciende a $32,9 billones, un nivel de endeudamiento que compromete seriamente la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso efectivo a los servicios para millones de ciudadanos.

De acuerdo con el informe, de las 29 EPS actualmente activas en el país, apenas seis cumplen con los indicadores exigidos para su habilitación financiera. El resto presenta múltiples deficiencias: 15 no alcanzan el capital mínimo requerido, 14 incumplen con el patrimonio adecuado y 22 no realizan las inversiones obligatorias en reservas técnicas, lo que pone en riesgo su operación y la continuidad del servicio para los afiliados.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la deuda de $2,8 billones que las EPS mantienen con operadores farmacéuticos, generando retrasos en la entrega de medicamentos y aumentando el número de reclamos de los usuarios. Este incumplimiento en la cadena de suministros ha sido señalado como la principal causa de insatisfacción por parte de la ciudadanía.

La situación de la Nueva EPS también fue destacada en el informe, ya que no presentó estados financieros certificados en los años 2023 y 2024, y registra un patrimonio negativo. Esta condición la convierte en una de las entidades con mayor riesgo financiero, afectando directamente la atención y continuidad de tratamientos médicos de millones de afiliados.

El informe concluye con otra cifra alarmante: las quejas y reclamos de los usuarios aumentaron un 23,2 % en el último año, pasando de 1,3 millones en 2023 a más de 1,6 millones en 2024. De estos, el 91 % está relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud, lo que refleja el deterioro progresivo del sistema y la urgencia de tomar medidas estructurales para garantizar la atención digna, oportuna y continua a los colombianos.

Con este diagnóstico, la Contraloría llama al Gobierno Nacional y a los organismos de control a tomar decisiones inmediatas que frenen el colapso del sistema y aseguren la viabilidad financiera de las entidades responsables de proteger la salud pública.