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El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), identificado como “Manuel Vásquez Castaño”, reveló una prueba de supervivencia de los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que fueron secuestrados el pasado jueves 8 de mayo en el municipio de Fortúl, Arauca.
Las víctimas son José Antonio Pacheco, líder de la Unidad de Infraestructura y Personas de la Fiscalía, y Rodrigo Antonio López Estrada, agente de protección. Ambos se encontraban cumpliendo labores administrativas cuando fueron interceptados por integrantes del grupo armado ilegal.
En un video publicado por el ELN, se observa a Rodrigo Antonio López Estrada enviando un mensaje a su familia: “Hoy es 9 de mayo de 2025, quiero saludar a mi hijo Emiliano y a mi esposa, a toda mi familia, mi mamá, mis hermanos. Estoy bien y que muy pronto nos vamos a ver”.
Por su parte, José Antonio Pacheco se identifica y explica las circunstancias del secuestro: “Soy funcionario de la Fiscalía General de la Nación, agente de protección y seguridad dos. Fui prisionero de guerra en el municipio de Fortúl en el momento que salía de las instalaciones de la Fiscalía, en el cual me encontraba realizando actividades propias de mi labor en lo que tiene que ver con apoyo a seguridad de instalaciones, por el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional ELN”.
La Gobernación de Arauca emitió un pronunciamiento inmediato tras conocerse las imágenes, en el que condenó el secuestro y exigió la liberación inmediata de los funcionarios. “Rechazamos estos hechos y hacemos un llamado urgente a sus captores para que respeten la vida y los liberen sanos y salvos”, indicó la administración departamental en un comunicado.
El hecho ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, que califican el secuestro como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en un contexto donde se adelantan diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional.
Este nuevo acto de violencia revive las preocupaciones sobre el actuar de este grupo armado en zonas sensibles del país y pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre las garantías mínimas para los funcionarios del Estado que operan en regiones de alta presencia guerrillera.
Mientras tanto, los familiares de los secuestrados piden celeridad en las gestiones para lograr su pronta liberación, así como el respaldo del Gobierno y organismos internacionales en la protección de los derechos de los servidores públicos retenidos en contra de su voluntad.
