Como defensor inquebrantable de la causa autonómica soy consciente de que la transición de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) a Regiones Ente Territorial (RET) demanda una transformación sísmica urgente.

En nuestra costa Caribe resuena con fuerza este propósito: la unión de los departamentos para convertirnos en una región autónoma y avanzar en materia económica, social, administrativa y política. Para lograrlo, debemos asumir los tres “terremotos” que el asesor del DAFP, Édgar González, identifica como las potencialidades que el territorio debe desarrollar.

El primer sismo es el Terremoto Institucional, que se centra en el cumplimiento legal. Nuestra Constitución Política, en su artículo 307, ordenó la posibilidad de convertir las RAP en RET, mandato que fue desarrollado por leyes orgánicas consecuentes, en especial la Ley 1962 de 2019 (Ley de Regiones o Ley Verano), que despejó el camino de manera definitiva.

Hemos cumplido con todos los requisitos para ser RET, a pesar del centralismo. Un paso clave fue la radicación, el 16 de septiembre, de un nuevo proyecto de ley orgánica. Por ello, en el Día de la Región Caribe (10 de octubre), los mandatarios solicitamos al Gobierno nacional y al Parlamento atender con carácter urgente este clamor regional.

Para consolidar esta autonomía, debemos forzar la coincidencia entre los periodos políticos y de planeación, algo fundamental que hoy no ocurre entre los gobiernos subnacionales y el central.

El segundo reto es el Terremoto del mismo Estado: hay que “adelgazar” el Estado central para trasladar mayor inversión a las regiones. Esto se logra concretando la regionalización de los presupuestos para dar la posibilidad de manejar nuestras rentas e Ingresos Corrientes de la Nación. Este mecanismo no solo garantizaría un plan de desarrollo regional, sino que lo haría cercano al control ciudadano.

El tercer reto es el Terremoto de Capacidades del Territorio. La vieja excusa centralista de no entregar competencias por falta de “capacidades” es el círculo vicioso que debemos romper. El camino es conceder más competencias para forzar la adquisición de más capacidades.

El Atlántico es un testimonio vivo de que la autonomía funciona. El Plan Departamental de Aguas, que incluye la regionalización de los acueductos, al operar con los principios de subsidiariedad y coordinación, demostró que esta transición a una figura de carácter autónomo genera saltos en la cobertura de los servicios. Hoy, este plan es el número 1 del país.

Esta capacidad no es fortuita. En el Atlántico se tomó la decisión —desde hace al menos 20 años atrás— de sumar fuerzas entre el sector público, la academia, los gremios y las organizaciones sociales para planificar el futuro.

A pesar de las diferencias, construimos sobre lo fundamental. Gracias a esto, el turismo crece en el departamento porque, desde mi primer Gobierno (2008 – 2011), implementamos un plan vial y de saneamiento básico que sirve hoy para atraer proyectos inmobiliarios y hoteleros. Eso es crecer.

Finalmente, el nacimiento de la RET Caribe es la prueba de fuego de nuestra madurez institucional. Impulsaremos una serie de decisiones que nos conducirán a un referendo decisivo el 8 de marzo de 2026. Sigamos construyendo nuestro imperativo autonómico en el marco de una Colombia unida.