El aumento del salario mínimo para 2026 continúa generando una fuerte controversia en el escenario político y gremial del país. Tras el anuncio del Gobierno nacional de un incremento del 23,7 por ciento, que deja el ingreso mensual en dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte, las reacciones no se han hecho esperar y el debate se intensifica con nuevas voces de rechazo.

Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cuestionó la decisión del Ejecutivo y aseguró que el presidente Gustavo Petro está ofreciendo un mensaje engañoso a los trabajadores. A través de su cuenta en X, Uribe afirmó que el mandatario “endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”, en referencia a los posibles efectos económicos que, según él, tendría el incremento salarial.

Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 30, 2025

Las críticas desde el Centro Democrático fueron reforzadas por la senadora María Fernanda Cabal, quien sostuvo que aumentar salarios sin un crecimiento real de la productividad termina destruyendo riqueza. La congresista volvió a comparar la medida con las políticas económicas implementadas en Venezuela, recordando los aumentos decretados por Hugo Chávez, los cuales, a su juicio, derivaron en inflación, desempleo y deterioro del poder adquisitivo.

Subir salarios sin producir más no genera riqueza, sino que la elimina. ¿No lo creen? vean lo que Chávez y Maduro hicieron con Venezuela.

— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 30, 2025

Uribe respaldó públicamente esa postura y reaccionó a uno de los mensajes de Cabal señalando que, desde su perspectiva, el enfoque económico del actual Gobierno replica errores del pasado. En otros comentarios, el exmandatario advirtió que decisiones como esta pueden traducirse en destrucción de empleo formal y mayores dificultades para el sector productivo.

A las voces de la oposición se sumó el exministro y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien alertó que un incremento de esta magnitud, aunque atractivo en el discurso, pone en riesgo el empleo formal en un país donde la informalidad supera el 55 por ciento. Según Pinzón, la medida podría empujar a más colombianos hacia condiciones laborales precarias.

El aumento del salario mínimo en 23% puede sonar bien, pero en la realidad pone en riesgo el empleo formal de millones de colombianos.

Con una informalidad que ya supera el 55%, esta decisión puede empujar a más personas a la precariedad.

Colombia necesita más empleo formal, no…

— Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) December 30, 2025

Desde el sector empresarial, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia también expresó su preocupación. En un comunicado, el gremio advirtió que la decisión fue adoptada de manera unilateral y sin una concertación real en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La Andi señaló que el aumento podría presionar la inflación, elevar los costos de bienes y servicios, afectar el empleo y comprometer las finanzas públicas, más aún en un contexto en el que el propio Gobierno declaró una emergencia económica.

El gremio empresarial recordó que cada punto porcentual de aumento en el salario mínimo representa un incremento significativo en el gasto público y subrayó que la inflación golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables. Además, cuestionó la aplicación del concepto de ingreso mínimo vital sin un proceso amplio de diálogo social.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino defendió la medida y aseguró que el país estaba en deuda con la aplicación del salario vital consagrado en la Constitución. Según el funcionario, el aumento busca garantizar mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias, y representa una apuesta por la dignidad laboral.

Mientras el Gobierno sostiene que la política salarial contribuirá a reducir la pobreza y el desempleo, sectores políticos y económicos mantienen sus reparos sobre la sostenibilidad de la decisión. El debate sobre el salario mínimo para 2026, lejos de cerrarse, continúa marcando la agenda nacional y profundizando la polarización en torno al rumbo económico del país.