El equipo técnico de la compañía Air-e Intervenida ha implementado nuevas medidas contra el delito de robo de energía en diversas localidades del Atlántico. Así, en un complejo residencial de Soledad, se realizó una inspección especializada que resultó en la identificación de 15 incidentes de sustracción de energía.

La operación se llevó a cabo en la carrera 7C junto a la calle 67B, en las proximidades del sector Manantial en Soledad, en el conjunto habitacional Ventura, donde los técnicos de la empresa revelaron la existencia de 7 conexiones ilegales fuera del sistema de medición, 3 medidores con puentes externos en la bornera, 2 medidores dañados y 3 medidores con signos de manipulación.

Asimismo, en el área rural de Usiacurí, se encontraron dos propiedades agrícolas que estaban conectadas de forma directa a la red eléctrica de la empresa, las cuales no estaban registradas en el sistema comercial.

En la región rural de Piojó, se volvió a identificar una conexión no autorizada a la red de la empresa en un parque recreativo.

Incidentes en Magdalena

Dentro de las actividades realizadas por nuestro personal, se detectó en Sevillano, en el sector rural de Ciénaga, Magdalena, un transformador de 75 kVA que se encontraba conectado directamente a la red eléctrica por parte de una empresa plástica.

En Salamina, se identificó un medidor alterado en la calle 11 con carrera 3, en un establecimiento comercial que vende bebidas alcohólicas.

Incidentes en La Guajira

En otra operación efectuada por los técnicos de Air-e Intervenida, se halló una conexión directa subterránea que suministraba energía a una fábrica de calzado en la zona rural de Villanueva, cerca del acueducto.

Además, en la carrera 6 con la calle 2 Sur, se descubrió una conexión ilegal a locales comerciales en el municipio de San Juan del Cesar, que se establecía a través de una red trenzada.

Por último, en la calle 37 con carrera 12C, en Riohacha, se evidenció una conexión directa que no estaba contabilizada en una ferretería.

Respecto a los incidentes detectados, la empresa ha reiterado que este tipo de acciones conlleva consecuencias penales y que quienes realicen la apropiación ilícita del servicio eléctrico mediante mecanismos clandestinos o alterando equipos y conexiones de energía incurren en el delito de defraudación de fluidos, el cual puede ser sancionado con penas de prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso de los comercios, estas conductas irregulares pueden resultar en el cierre temporal del establecimiento.