Esta semana, lo ocurrido en relación con el uso del herbicida glifosato para la fumigación terrestre de cultivos ilícitos a diferencia del método aéreo, que se prohibió en 2015 por una decisión de la Corte Constitucional pone de manifiesto un nuevo ejemplo de la falta de coherencia entre los integrantes del alto Gobierno, comenzando por el propio presidente.

“Así erradicamos el narcotráfico de Colombia. Con el apoyo voluntario del campesinado sustituyendo los cultivos de hoja de coca. Aquí campesinos de Renacer Catatumbo. Observen que es mejor arrancar la mata de raíz que fumigar. Si se fumiga vuelve a crecer” expresó el presidente Gustavo Petro.

Este comunicado, así como otros recientes, contradice lo acordado por el Ministerio de Defensa. El exministro Iván Velásquez ha emitido documentos que instruyen a la Policía Antinarcóticos a llevar a cabo un proceso de contratación por un monto de $7. 700 millones destinado a la implementación de un proyecto que contempla la adquisición de glifosato.

Se precisa también que podrán participar en el proceso de selección abreviada personas naturales o jurídicas de origen nacional o extranjero que “tenga dentro de su objeto social la distribución de bienes o servicios” relacionados con plaguicidas.

El herbicida sería distribuido en comandos, batallones, brigadas y aeropuertos de municipios de Antioquia, Santander, Cesar, Valle del Cauca, Vichada, Nariño, Chocó, Caquetá, Tolima, Cauca, Boyacá, Guaviare, Arauca, Meta, Casanare y Putumayo.

“En el año 2020 se presentó una considerable reducción en cuanto al área afectada por cultivos ilícitos de coca (142.783 hectáreas); estos datos no resultan ser alentadores en comparación con el año 2023 que se registró la cifra más alta en la historia de los cultivos ilícitos en el país, con un área afectada con cultivos de coca de (252.572), lo que indica un aumento del 77 % (109.789 hectáreas) comparado con 2020”, indica el documento.

Se señala, además, que la aplicación terrestre facilita “una dispersión más exacta del glifosato, reduciendo el efecto sobre cultivos legales y el entorno natural”. También se menciona que su uso es factible en contextos donde la aplicación aérea “se encuentra limitada por normativas legales o cuestiones ambientales”.